“Como las Fuerzas Armadas de América Latina tiene una nueva doctrina basada en los pueblos y no pueden hacer golpes de Estado, ahora los pro capitalistas, pro imperialista y conservadores emplean el órgano judicial y congresal para atentar contra la democracia”, denuncia el mandatario boliviano Evo Morales.
En este sentido, se ha referido al golpe judicial y congresal contra Dilma Rousseff, la Presidenta de Brasil, donde según precisa ha ocurrido un atentado contra la democracia.
Como las Fuerzas Armadas de América Latina tiene una nueva doctrina basada en los pueblos y no pueden hacer golpes de Estado, ahora los pro capitalistas, pro imperialista y conservadores emplean el órgano judicial y congresal para atentar contra la democracia”, enfatiza Evo Morales, presidente boliviano.
“Repito nuevamente como no hay golpe militar ahora, tal vez los conservadores están en el órgano judicial o la mayoría de la derecha para el golpe a un Gobierno izquierdista en la hermana República de Brasil”, hace hincapié.
Al reiterar su respeto al país vecino, asegura que la inestabilidad política no solo afecta a la economía sino tiene malas consecuencias para toda la zona.
“Por eso no comparto que haya golpes, entiendo democráticamente que gane la derecha es un derecho, también en Bolivia es un derecho ser capitalista, pro imperialista pro capitalista”, ha especificado.
Al final de sus declaraciones ha insistido en que solo los pueblos tienen derecho de decidir sobre su destino y aprovechando la ocasión ha expresado su esperanza de que los Gobiernos de la región puedan superar sus problemas internos.
Morales cargó ayer (el sábado) contra el capitalismo, pues, a su criterio, lo único que le importa a este es “saquear, explotar al obrero y robar al pueblo”.
A principios de abril, el dignatario indígena propuso convertir Bolivia “en capital latinoamericana de los movimientos sociales antimperialistas”, e instó a planear una reunión con los sectores sociales de la zona al respecto.
Cabe recordar que Dilma Rousseff se vio obligada a dejar su cargo por un período de seis meses tras conocerse la decisión del Senado de aprobar el inicio de un juicio político en su contra.
La mandataria suspendida ha sido acusada por un grupo de juristas apoyados por la oposición de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015. Sin embargo, ella ha cuestionado en diversas ocasiones la legalidad del juicio político en su contra e insiste en que el impeachment carece de toda base legal.
