Un grupo de personas que tiene muchas décadas vivido en defensa de los derechos humanos en Honduras recordó que solo en las dictaduras militares que tuvo la nación se vivieron este tipo de atropellos del poder.
Se persigue y perfila a los líderes de cualquier tipo de protesta social, y se intenta regular las denuncias por redes sociales. Todo esto está por concretarse con la aprobación del nuevo código penal, que tipifica como delito cualquier reclamo en las calles de los ciudadanos.
El cierre del canal opositor Globo TV es otro punto de preocupación para estos defensores de los derechos humanos. Medios críticos al Gobierno quedan pocos y casi todos pequeños radios o televisoras del interior del país.
En una conferencia de prensa, el director de Radio y Globo TV denunció que el Gobierno va tras el cierre de la emisora, por considerarla como un bastión importante en la oposición del país.
La Ley Berta Cáceres que promueven los defensores y algunas figuras en Estados Unidos exige el cese al apoyo económico a la policía y militares hondureños, algo que tiene molesto al presidente Juan Orlando Hernández, quien arremetió contra estas organizaciones.
Una debilitada y casi inoperante oposición política, sumado al miedo impuesto en la sociedad, deja como último recurso este tipo de declaraciones conjuntas; sin esperanza de un impacto verdadero.
