En su alegato, la defensa de los labriegos dijo que “no se puede condenar por ideologías” a nadie y que la sentencia por el caso de Curuguaty es injusta por la falta de pruebas. Aseguró que el Indert jamás desalojó a ninguna familia, excepto en el caso de denuncias por la titulación, y que inclusive el terreno fue dispuesto para la reforma agraria.
En cuanto a la existencia de pruebas fílmicas, el Tribunal dijo que se comprobó que el helicóptero no contaba con cámaras en funcionamiento y tampoco con un “chip” para que capte el momento de la masacre.
Al mismo tiempo, reiteraron que los campesinos ingresaron a la propiedad de la empresa Campos Morombí de forma planeada para matar a los policías. Reafirmaron que no se trataba de una “toma” pacífica por parte de los labriegos porque desde el principio ingresaron con armas de fuego de grueso calibre y con tapabocas.
Por su parte, la defensa rectificó que el terreno pertenece al Estado paraguayo, por lo cual no se puede tratar de una invasión de propiedad privada y que los labriegos no contaban con armas de fuego. Recordó que en la prueba de nitrito y nitrato los campesinos dieron negativo.
Así, el Tribunal de Sentencia ratificó la postura de que las tierras de Marina Cué pertenecen a la empresa Campos Morombí S.A. y que los campesinos ingresaron ilegalmente al inmueble en forma violenta. En los argumentos enfatizaron los testimonios policiales y elementos hallados en el lugar para comprobar el delito de invasión.
De la misma manera, aseguraron que los testigos Miguel Anoni, Sixto Benítez, Néstor López y Freddy Toledo identificaron a los “responsables” de la masacre al momento de relatar que los campesinos portaban armas y disparaban mientras ellos y que acostados entre los pastizales lograron salir con vida.
