Con un diagnóstico preocupante, los industriales bonaerenses detallaron que los incrementos de tarifas, la industria del juicio, la falta de facilidades de pago impositivas y la apertura de las importaciones “ponen en jaque la continuidad de muchas empresas”. Además, alertaron que en “un sector importante de los 1,3 millones de trabajadores que nuclea la industria se encuentra en peligro de perder su fuente laboral”
Bajo ese marco, las Pequeñas y Medianas Empresas de la Provincia de Buenos Aires junto a representantes gremiales de distintos sectores industriales, manifestaron su preocupación por los incrementos de las tarifas públicas, el aumento de la industria del juicio, la falta de facilidades de pago impositivas y la apertura indiscriminada de las importaciones.
Así, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de los sectores sindicales de textiles, madera, calzado, papeleros, vidrio e indumentaria, entre otros, se reunieron hoy con Daniel Salvador, vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, su gabinete, ministros y legisladores de diferentes partidos.
“Pedimos encuadrar la discusión de nuestra problemática durante los próximos seis meses, una vez vencido ese plazo, solicitamos que el gobierno de la provincia eleve los resultados – que aspiramos sean positivos - a la Nación, aprovechando la sintonía política que existe entre ambas administraciones”, enfatizó Daniel Rosato, Coordinador de la Mesa de Industriales Bonaerenses, al tiempo que advirtió “necesitamos adaptarnos a la nueva realidad porque ya se perdieron 160.000 puestos de trabajo en el sector PyME industrial”.
El aumento de las tarifas de servicios públicos es otro de los factores que ponen en jaque a las empresas que hacen uso intensivo de la energía: “Los incrementos van desde el 250% al 800% en algunos casos”, detalló Rosato y agregó que en este contexto “las industrias de energía intensiva son las más castigadas, ya que se sextuplicaron sus costos operativos”.
Además, en su carpeta de reclamos los industriales Bonaerenses le plantearon a Salvador el caso de otra industria que los afecta: la del juicio laboral. Es que solo en el primer cuatrimestre del año, las empresas afrontan 35.000 nuevas demandas laborales. “Pedimos que se conforme una Cámara de Apelaciones en la Provincia, una instancia que hoy no existe”, adelantó Rosato.
Por su parte, Mario Gualtieri, otro de los integrantes de la Mesa de Industriales Bonaerenses, detalló que hay empresas que “tienen hasta 40 millones de pesos en demandas laborales”.
El empresario bonaerense recordó que “cuando empezó el sistema de las ART las primas eran de 1,75% sobre la masa salarial, hoy representan hasta el 18%, de acuerdo a la calificación de cada ART, lo que se traduce en aumento de costos y baja de la competitividad de las PyMES”.
El flujo de importaciones, principalmente de China y Brasil, también vulnera la sustentabilidad de las PyMES “Están ingresando productos a menos del precio del material que se necesita para fabricarlo”, resaltó Gualtieri y agregó “Necesitamos que haya algún tipo de control como por ejemplo las Licencias no Automáticas y un trabajo detallado de cada posición arancelaria que está ingresando y que pone en peligro al tejido industrial”. En lo que va del año, en muchos casos se han importado un 30% más de productos que en todo el 2015.
“La combinación de adversidades prevé una coyuntura complicada para las PyMES, con impacto negativo en el empleo”, destacan en un comunicado.
