En conferencia de prensa, Nogueira dijo que el gobierno pretende enviar este año -siempre y cuando sea condenada con la destitución la presidenta suspendida, Dilma Rousseff por el Senado- la polémica modificación a la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT), el marco legal iniciado en 1943 por el gobierno de Getulio Vargas.
El anuncio se produce una semana después de la polémica causada por el titular de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que dijo que habría que elevar de 44 a 60 ú 80 las horas a ser trabajadas por semana o, en caso de que no haya actividad, reducirlas con la disminución del salario.
La ofensiva del gobierno de Temer, ahora con la reforma en la ley laboral, avanza con otra tan dura y resistida, como la del sistema de pensiones, ya que se pretende elevar la edad de aportes tanto de hombres como de mujeres.
Sobre la reforma laboral, el ministro Nogueira dijo que la actual legislación "parece una colcha de retazos que permite interpretaciones subjetivas".
Y puso énfasis en que se pretende instituir la negociación salarial por empresa y no por sindicatos como hasta ahora "siempre y cuando se respete a la Constitución".
Temer anunció el martes en un discurso a los empresarios que va a "enfrentar todas las resistencias" para cambiar la ley jubilatoria -aumentando la edad para retirarse- y la laboral.
El presidente interino y su ministro de Economía, Henrique Meilrelles, apuntan como uno de los motivos del llamado "Costo Brasil" a la legislación que rige desde hace siete décadas.
El ministro Nogueira dijo que no serán afectados derechos como el aguinaldo (se cobra entero a fin de año) o los 30 días de vacaciones anuales.
También anunció que el gobierno trabajará para consolidar una ley sobre la tercerización, que había sido aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados y que está en trámite en el Senado.
El proyecto libera la tercerización para todas las actividades, lo cual fue rechazado por sindicatos y partidos de centroizquierda e izquierda y en su oportunidad fue una batalla perdida de Rousseff contra el titular de Diputados de entonces, Eduardo Cunha, mano derecha de Temer y quien abrió el juicio político contra la jefa del Estado, suspendida desde el 12 de mayo.
"Hay diez millones de trabajadores tercerizados y queremos que sean protegidos", argumentó el ministro Nogueira.
El desempleo en Brasil, en recesión, llegó a 11,2% en mayo en el primer trimestre, contra el 8,2% que había en el mismo período del año anterior, según cifras oficiales del instituto IBGE.
El ministro, en tanto, afirmó que pretende convertir en permanente el Programa de Protección al Empleo (PPE) que había lanzado Rousseff para contener la crisis en 2015, que prevé reducción de salario y de jornada y aumento en caso de recuperación del lucro de las empresas.
"Queremos que esta política que es de emergencia se transforme en permanente", dijo el ministro sobre el plan que Rousseff había trazado apenas hasta 2017, con acuerdo de sindicatos cercanos al Partido de los Trabajadores (PT).
Hasta el momento, 97 empresas, entre ellas varias automotrices, adhirieron al PPE para evitar despidos.
El titular de la Central Unica de Trabajadores, Vagner Freitas, ante una consulta de Télam, declaró: "Intentar cambiar la legislación laboral es una de las razones del golpe (por el juicio político a Dilma). En el fondo siempre es el mismo interés del empresariado en sacar parte de la renta que va al trabajador brasileño. Ellos no toleran lo avances que el PT en 12 logró para la clase trabajadora".
