En ese sentido advirtieron que temen por estallidos sociales por la imposibilidad de pagar los actuales costos, reafirmando lo que venían sosteniendo desde el mes de enero.
Calificaron que “la situación es crítica y admitieron que hay mucha incertidumbre y desesperación en la sociedad”, incluso afirmaron que “aumentaron los comedores y la cantidad de asistentes a los mismos, motivados por la crisis económica”, según publicó el portal de la Defensoría de Formosa.
“La aplicación del nuevo cuadro tarifario adolece de las deficiencias en cuanto a lo normativo y en cuanto al reconocimiento de las realidades regionales y sociales”, sostuvo la Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
También la asociación consideró que “las medidas judiciales han sido las respuestas desde distintos sectores a la aplicación de los aumentos sin cumplir con las obligaciones básicas como por ejemplo la realización de las Audiencias Públicas previstas en la legislación vigente”.
Los Defensores plantearon la necesidad de realizar de Audiencias Públicas, donde “el gobierno Nacional detalle la situación actual del cuadro energético, la propuesta de inversión y desarrollo como política de estado de cara al futuro, la definición de las Tarifas Sociales ampliada, incluso con la posibilidad del acceso automático a las mismas, tener en cuenta las economías regionales, la situación de las PyMEs y la progresividad y razonabilidad de los aumentos”.
Asimismo, señalaron que “Como Defensores del Pueblo de la República Argentina participaremos en las Audiencias fijando no solo una postura en común, sino también detallando las situaciones propias de cada provincia y municipio”.
Según una fuente del organismo, ADPRA decidió presentarse ante la CSJN como Amicus Curiae, y expresar en ese ámbito “las posturas que venimos sosteniendo, acercando las realidades que viven los vecinos, los comercios, las PyMEs y las propuestas que permitan hacer razonable y equilibrado los aumentos que se definan”.
“El Estado tiene un rol central en la producción y administración de la energía, pero también debe velar por la protección de los sectores más vulnerables. El estado es el ordenador social por naturaleza y ese es el rol que debe cumplir con mayor responsabilidad en esta etapa de gestión”, subrayaron.
En otro tramo de las duras definiciones del organismo, advirtieron que “como Defensores, tenemos la obligación de transmitir certeza, equilibrio y responsabilidad en nuestro accionar, pero fundamentalmente un absoluto compromiso social”, porque “Vemos con absoluta preocupación, la postura de algunas empresas energéticas que amenazan con el corte de servicios amparados en la falta de aumentos por las medidas judiciales que hicieron lugar a medidas cautelares”.
A respecto, ADPRA rechaza esas manifestaciones, a las que considera “una amenaza a los usuarios, desconociendo que los servicios de energía constituyen derechos humanos básicos, y que ante el corte de los mismos serán denunciados a la justicia por parte de las Defensorías del Pueblo”, y agregan, “los aumentos tarifarios están en el debate de toda la sociedad. Lo que se necesita es precisión, claridad, certeza y responsabilidad social en su aplicación”.
Por último, la fuente indicó que ADPRA, “reafirma su compromiso con la necesidad de la realización de Audiencias Públicas, con la consideración de las economías regionales, el sostenimiento de las PyMEs, la Tarifa Social con base ampliada que incluya a usuarios que no tengan los tres servicios y de la posibilidad del acceso automático con criterios idénticos tanto en agua como en luz y gas; la progresividad y razonabilidad de los incrementos”, finalizó.
