La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal Alejandra Mángano, y la ONG Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACCT) presentaron la actualización de su informe “Búsqueda de Personas en Democracia”, del que se desprende que en nuestro país faltan de sus hogares 6.033 niñas, niños, adolescentes y adultos. Por otra parte, el trabajo puntualiza que durante el año 2015 se implementó la carga de huellas digitales de personas buscadas en el sistema de identificación AFIS y en la base de datos SIFCOP del Ministerio de Seguridad de la Nación, y que gracias a ello pudieron realizarse 122 identificaciones, la mayoría varones de entre 22 y 80 años, mientras que 8 casos corresponden a mujeres de entre 40 y 77 años.
En el documento anterior, “Búsquedas en democracia. Diagnóstico sobre la búsqueda de personas entre 1990 y 2013”, la Protex y ACCT habían elaborado una síntesis de información estadística de esas investigaciones realizadas en la Argentina, volcándolas en un Padrón de Personas Desaparecidas en Democracia. El nuevo documento da cuenta de la labor desarrollada entre los años 2014 y 2015, período en el que se depuró la base de datos a través del cotejo con los listados de la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Seguridad de la Nación y otros organismos nacionales y provinciales.
Con la información obtenida, se estableció que actualmente 6.033 personas son buscadas en nuestro país, de las cuales 3.228 son mujeres, 2800 hombres y hay ocho casos en los que no se hace referencia al género. Asimismo, se determinó que el grupo etario que registra más desapariciones es el comprendido entre los 12 y 18 años.
El documento también indica que hubo casos en los que se verificó que las personas buscadas realizaron movimientos posteriores a la fecha de su desaparición: 38 personas fueron registradas en dependencias policiales por hechos delictivos, mientras que 72 efectuaron movimientos migratorios.
El equipo de trabajo de la Protex y ACCT también relevó los casos de personas fallecidas cuya identidad es desconocida. Así, se informó que el RENAPER presentó 5.329 actas de defunción de personas no identificadas, mientras que las policías provinciales, morgues y cementerios informaron 1.541 registros de cuerpos NN. Asimismo, se informa que las búsquedas de paradero abiertas corresponden principalmente a varones y mujeres de entre 12 y 18 años, y que los cadáveres NN inhumados de varones triplican los de los hallazgos de mujeres no identificadas.
Al igual que el informe previo, del año 2014, el equipo de trabajo concluyó que todavía existen deficiencias en el envío de información sobre la inhumación de cadáveres no identificados por parte de los registros provinciales al ReNaPer, pues se omite información trascendental para conectar la identidad del cuerpo con la investigación de paradero, como las huellas dactilares, la edad, el género, la fecha o causa de fallecimiento. También se destaca la dificultad para acceder a la información de los cementerios municipales, que cuentan con registros en muchos casos defectuosos. Por otra parte, se cuestiona la ausencia o incumplimiento de protocolos de actuación frente al hallazgo de cuerpos de personas no identificadas.
Asimismo, los investigadores hacen foco en la ausencia de interrelación entre los sistemas de registros estatales a nivel nacional o local, dado que no cuentan con mecanismos para compartir información o generar alertas de búsqueda o hallazgos de personas.
El informe de la Protex y ACCT finaliza con una serie de propuestas de trabajo para mejorar la respuesta estatal frente a la problemática de la identificación de cadáveres, una de las herramientas posibles para resolver casos de personas buscadas. Así plantean la estandarización del registro de cadáveres NN por categorías; la obligatoriedad de tomar sus huellas dactiloscópicas o informar la imposibilidad de hacerlo; crear un Registro Nacional de Personas Buscadas; promover la rectificación de partidas de defunción una vez que se identifican los cuerpos; recomendar a los organismos judiciales que intervengan en el hallazgo de un cadáver, que informen tal circunstancia para que se actualice la base de datos SIFCOP, y soliciten el cotejo de las huellas dactilares al Ministerio de Seguridad de la Nación; facilitar la integración de la base de datos SIBIOS del ReNaPer para su cruce con huellas dactilares de cadáveres no identificados para mejorar e incrementar el entrecruzamiento de datos con el sistema AFIS; y considerar la necesidad de establecer sanciones para los funcionarios públicos que impriman sus huellas o las de otras personas en los registros de fallecimiento.
