A pedido de los organismos de Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, convocó a una reunión de la Comisión Interpoderes, donde jueces, legisladores y funcionarios del Ejecutivo reafirmaron que los juicios de lesa humanidad constituyen una “política de Estado”.
El encuentro había sido solicitado por referentes de los organismos, para expresar sus “preocupaciones ante los principales problemas que afectan el avance de los juicios”. Tras la reunión, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, concluyó: “Hablamos con libertad, fuimos escuchados y la mayoría de los integrantes de la comisión coincidió con nuestro panorama y nuestro requerimiento de acelerar los procesos”.
La Comisión Interpoderes, creada por la Corte Suprema en 2008 con la función de acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, se había reunido por última vez en agosto de 2015. Hace dos semanas, Lorenzetti recibió a referentes del movimiento de derechos humanos y se comprometió a generar un nuevo encuentro.
Lorenzetti estuvo acompañado por uno de los nuevos ministros de la Corte, Horacio Rosatti, algo que fue bien recibido en los organismos. Además, hubo varios jueces de la Cámara Federal de Casación, encabezados por su presidente, Alejandro Slokar. Estuvo también la Procuradora, Alejandra Gils Carbó; la Defensora General, Stella Maris Martínez, y los referentes de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat y Carolina Varsky. Por el Poder legislativo asistieron la diputada Victoria Donda y el senador Juan Manuel Abal Medina. Y por el Ejecutivo fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, junto a miembros de su equipo.
El encuentro fue “muy favorable”, según dijo el abogado querellante Pablo Llonto a Página 12. Por parte de los organismos estuvieron también Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora; Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Carlos Pisoni, de Hijos; José Schullman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Diego Morales, del Cels, Adriana Taboada, de la Comisión de Campo de Mayo, y Carlos López de Belva, director de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados (FACA).
Los referentes de derechos humanos entregaron un petitorio, basado en un informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad, en el que se advierte “un colapso en el avance de los procesos en trámite, una disminución significativa de las causas que llegan a la etapa del juicio oral y una importante dilación en la confirmación de sentencias”. Pidieron que se agilice el nombramiento de jueces para conformar tribunales y que tanto en la Corte como en Casación se creen Secretarías para analizar recursos relacionados con esas causas, entre otras cosas. “Lo importante fue que en el núcleo de la discusión todos estuvimos de acuerdo: hay que reforzar estos juicios, acelerarlos y cuidarlos”, concluyó Iud.
