Una fuente judicial precisó que "un funcionario judicial bonaerense tomó conocimiento de que un hombre, ex jefe de la CNU, compró dos armas de guerra con silenciador para, según dijo, matar a Rozanski antes de que empiece el juicio a la CNU´".
"Ese funcionario, tras poner en conocimiento de este hecho al juez Rozanski, se presentó ante el juez Kreplak y aportó el nombre de esta persona y otros detalles que dan veracidad a la denuncia", remarcó la fuente.
De inmediato, se inició la investigación de este hecho, que ya "es más que una amenaza" porque "hay un hombre que compró un arma para matar", dijo la fuente.
La Justicia ofreció a Rozanski asignarle una custodia, pero el magistrado declinó el ofrecimiento y continúa con su labor al frente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
Los dos jueces que lo acompañan en el Tribunal, Germán Castelli y Alejandro Esmoris, firmaron un acta en las últimas horas en las que repudian "las amenazas sufridas por el colega Carlos Alberto Rozanski".
En el escrito, al que accedió Télam, los dos jueces expresan su confianza en que "el órgano jurisdiccional actuante con el debido apoyo del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, esclarecerán completamente tan graves sucesos, como dispensarán las debidas y adecuadas medidas de protección".
El juicio a dos civiles que integraban la organización paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, Carlos "El Indio" Castillo y Juan José "Pipi" Pomares, sufrió ya dos postergaciones y hasta el momento no se sabe cuándo comenzará a ventilarse en la sede de la ex Amia de La Plata.
Castillo está acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y en el secuestro de Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril del mismo año, en ambos casos con robo y violación de los domicilios de
las víctimas. También se lo imputa por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, y por el secuestro de otra pareja que finalmente sobrevivió, hechos sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976. Según informó la fuente, en el caso de "Pipi" Pomares llega acusado por su participación en este último caso, que abarca a cuatro víctimas.
En la elevación a juicio, a la que accedió a Télam, se afirma que los grupos paraestatales como la CNU, fueron "la antesala de la implementación del plan sistemático de la represión ilegal desplegado desde el Estado a partir de 1976 y también se caracterizó por su ejecución sistemática y organizada".
En La Plata, integrantes de las patotas de la CNU actuaron antes y después del 24 de marzo de 1976 secuestrando, torturando y asesinando a jóvenes militantes y arrojando luego sus cuerpos en la vía pública como forma de intimidar y aterrorizar a la población. Asimismo, como "pago" por los servicios, tenían venia policial y militar para saquear las casas de las víctimas.
