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| Juan José Torres, destituido presidente de facto boliviano fue una de las primeras víctimas |
Se trata de correspondencia entre dictaduras publicada hace unos días por la Cancillería de La Paz, que fue facilitada a la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd), según ha reportado la agencia EFE.
"Los archivos son pruebas de que lo que se denunció como Plan Cóndor era cierto y no simplemente una especulación política o reclamación de las víctimas", denunció el abogado de Asofamd, Roberto Quiroz.
Los documentos y misivas de la Cancillería boliviana abarcan sobre todo el período de dictadura de Banzer, que luego fue elegido presidente democráticamente en 1997 y falleció de cáncer en 2002.
"Se estableció con mucha claridad -y los documentos así lo muestran- la coordinación de las dictaduras del Cono Sur para perseguir a todas las personas que eran consideradas comunistas, izquierdistas, extremistas, terroristas", asegura la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos.
Una nota del 4 de abril de 1972 firmada por el subsecretario de Exteriores, Jaime Tapia, dirigida al ministro del Interior, Mario Adett, contiene un informe del vicecónsul boliviano en la ciudad fronteriza de Salta, Gustavo Sejas, sobre una treintena de "políticos de extrema izquierda en el norte de Argentina". "Con el fin de realizar una labor más eficaz en forma coordinada con los organismos de seguridad argentinos", Sejas solicita datos sobre "los extremistas", incluyendo "antecedentes, filiación, sobre todos sus fotografías" para "individualizarlos con facilidad".
Y además, tanto en esa carta como en otra fechada el 24 de mayo de 1972, se sugiere que Bolivia pida a la Argentina que los exiliados "sean residenciados en lugares alejados de nuestras fronteras". Así conseguían "mover los organismos represivos para hacer desaparecer personas" de las que se sabía su ubicación, explica Llanos.
La presidenta de Asofamd considera que en el traslado de los perseguidos desde la frontera hacia el interior de la Argentina, en este caso, corrían el peligro de ser asesinados. "Difícilmente vamos a encontrar una prueba plena que diga 'asesinen o hagan desaparecer' a tal persona", lamenta el abogado de Asofamd, puesto que en las misivas que se envían a los consulados aparecen fórmulas como "tomen las medidas correspondientes".
Entre los documentos desclasificados también hay información diplomática sobre presos políticos en Uruguay y notas que aluden al caso del argentino Luis Stamponi Corinaldeci, desaparecido en 1976, y al sacerdote jesuita español Luis Espinal, asesinado en 1980 en Bolivia.
