Ya se realizaron dos rondas de audiencias de debate y luego de un cuarto intermedio la última jornada del juicio se realizará el 22 de diciembre para cerrar la etapa de declaraciones testimoniales y desarrollar los alegatos. “Está más que acreditado en estas dos audiencias que los golpes, los maltratos y las humillaciones existieron. Y no existe justificativo alguno para proceder de esta manera, aunque los defensores argumenten que los chicos estaban exaltados o lo que sea, así que esperamos una sentencia condenatoria”, aseguró Hugo González, el abogado de una de las víctimas.
Los imputados son 3 policías de la comisaría de Bolívar acusados de vejaciones tras una sucesión de hechos violentos que se inició en diciembre de 2014 cuando un grupo de jóvenes intentó entrar a un boliche tras una fiesta de egresados. Tenían entradas anticipadas pero no los dejaron entrar porque a esa hora ya estaba cerrada la puerta. Ante el reclamo salió del lugar un policía de civil, detuvo a uno de ellos y lo entregó a dos uniformados. En paralelo otro chico discutía con un agente. Rodrigo y Juan Segundo, los dos jóvenes, terminaron esposados por la espalda, golpeados en el patrullero y después torturados en la comisaría hasta quedar inconscientes. “Yo en un momento escupí sangre”, contó Rodrigo, “y me dijeron que si lo seguía haciendo iba a tener que limpiar el piso con la lengua”. “’Menos mal que sos menor, si no, no tenés idea cómo salís de acá”, le dijo un policía después de golpearlo.
Sofía, hermana de Rodrigo, y un amigo se acercaron a la comisaría cuando supieron lo que había pasado. Como respuesta también recibieron golpes y agresiones. A Sofía además le iniciaron una causa por tumulto después de arrastrarla de los pelos por la dependencia policial. Fabiana, la mamá de Rodrigo, también fue agredida en la comisaría cuando fue a buscar a su hijo: “El grado de agresividad que tenía el policía que me atendió fue terrible. Me dijo ‘te vamos a arrancar la cabeza´”.
“Lo único positivo de esto es que si nosotros obtenemos una sanción penal para los imputados esto será ejemplificador para el resto del personal policial que tiene que entender que no se puede manejar con estos criterios, que el monopolio del uso de la fuerza pública tiene otros objetivos y su uso tiene que ser racional, no puede ser abusivo, no puede ampararse en el ropaje del estado para violentar la dignidad de las personas”, evalúa González.
El delito de vejaciones tiene una pena de uno a 5 años de prisión más el doble de inhabilitación, o sea que cualquier fallo condenatorio implica una separación de la fuerza. “Lo mejor que puede pasar es que estos elementos estén fuera de una fuerza de que ya de por sí es complicada, porque esto debería ser así en cualquier caso que se incumple el trabajo o se actúa de manera inadecuada o deficiente y en el caso de la policía es además peligrosa. Entonces estos procesos pueden ir implicando una depuración de la fuerza de aquellos que proceden en desacuerdo con el más mínimo respeto de los derechos humanos”, analiza el abogado.
Cuando sucedieron los hechos la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires se notificó del caso y viajó a Bolívar para reunirse con el equipo de padres y funcionarios con el objetivo de pensar estrategias conjuntas que sancionen y eviten la violencia policial y promuevan la seguridad de los vecinos. “Es bueno que esto haya trascendido Bolívar y haya tenido difusión provincial, y en esto tiene que ver la intervención de la Comisión por la Memoria que se acercó a las familias, se reunió con autoridades y nos acompañó a los patrocinantes de los chicos para ofrecerse como un sostén más. Un organismo de derechos humanos en este tipo de causas hace que las cosas se muevan de otra manera”, concluye González.
(Andar)
