"Esta decisión viola, a prima facie, los artículos 12 y 147 de la Ley Provincial nº 13688, del mismo modo estaría incumpliendo con el artículo nº 10 de la Ley de Educación Nacional y con el Artículo º 246 del Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, solo para nombrar algunas; en las que se detallan reglamentaciones especificas con respecto a la administración del Servicio Alimentario Escolar", indica el escrito.
Asimismo, agrega: "Este 'plan de mejora del servicio alimentario', tal como lo anunció la Gobernadora en conferencia de prensa, enmascarado bajo el pretexto de lograr principalmente optimizar la nutrición infantil, no es más que la 'municipalización' de la educación y lo que ello implica, que nos remonta a la lógica de los ´90 donde primo la descentralización, desconcentración, desregulación y por ende el desfinanciamiento y la precarización de los servicios públicos. Estaríamos frente a la materialización del intento de autogestión que quiso imponer el gobierno de De La Rúa con la propuesta del Ministro de Educación Juan Liach".
"Nada nos sorprende en este marco actual de política neoliberal donde la educación es un factor de ajuste y donde detrás de los argumentos de eficiencia, transparencia y mayor control subyace la verdadera intención de reducir la responsabilidad del estado provincial en el ámbito educativo, abriéndole la posibilidad a la tercerización del servicio
en manos de ONG´S e instituciones privadas. Mientras ellos se desentienden de sus responsabilidades básicas, ya que garantizar el derecho a la educación y a la alimentación de los niños en la provincia de Buenos Aires son responsabilidades propias no sólo de la Dirección General de Cultura y Educación sino también del Ministerio de Desarrollo Social", añade.
Finalmente, dice: "Tomando el artículo 203 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que después recupera el artículo 147 de la Ley Provincial nº 13688, el mismo establece que la Administración de los servicios educativos en el territorio distrital estará a cargo de órganos desconcentrados de la DGCyE. Estos órganos son los Consejos Escolares y se entiende que por “administración del servicio educativo”, le corresponde la responsabilidad sobre bienes y servicios en el ámbito educativo. Los consejos escolares entonces son los representantes naturales y constitucionales en el territorio del gobierno provincial.De llevarse esto a cabo, los municipios deberán hacerse cargo de administrar este gasto extra sin presupuestos del mismo modo que en los noventa se transfirieron las escuelas nacionales a las provincias sin asignarles recursos.
Otro aspecto a destacar es que cuando Vidal comunico la noticia, dejo entrever un mal manejo del SAE por parte de los consejos. Nosotros no permitiremos la desarticulación de los consejos escolares ni que se ponga en duda como manejamos el SAE ni nuestra conducta como administradores. Somos los consejeros escolares quienes atendemos las dudas y los problemas que surgen en la comunidad educativa, no permitiremos que quieran pasar por encima de nuestras atribuciones debidamente facultadas en la Constitución Provincial y avalada por la Ley Provincial de Educación, menos permitiremos que la razón para esta municipalización del servicio alimentario recaiga sobre las sospechas de nuestras funciones, cuando las razones se resumen en la palabra “ajuste” en sintonía con otras medidas de empobrecimiento que viene llevando a cabo el gobierno actual. Decimos concretamente a la Gobernadora Vidal, como Unión de Consejeros Escolares Justicialistas 'Dentro de la ley y de la Constitución todo….fuera de la ley nada'.
