En diálogo con ANDAR, Ganón señaló que es tan grave la falta de institucionalidad que “el Ministerio de Gobierno es quien me notificó de la suspensión, cuando debió haberlo hecho la Legislatura”. La CPM rechazó la medida por su irregularidad
“En realidad este es el corolario de un proceso que comenzó hace muchos años, desde el momento en que presenté mi plan de trabajo para el concurso por el cargo a la defensoría pública de Sante Fe. Esta persecución tiene que ver con una propuesta integral de defensa pública que atienda la promoción de los derechos humanos de los sectores sociales más vulnerables”, señaló Ganón, el reconocido defensor general de Santa Fe que desde hace una semana está suspendido en su cargo a pesar de que tal sanción no existe para el sistema de destitución de funcionarios judiciales.
Ganón: "Esta persecución tiene que ver con una propuesta integral de defensa pública que atienda la promoción de los derechos humanos de los sectores sociales más vulnerables"
Ganón: “Esta persecución tiene que ver con una propuesta integral de defensa pública que atienda la promoción de los derechos humanos de los sectores sociales más vulnerables”
Reconocido por organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de la ONU, y organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros, el Defensor General de Santa Fe Gabriel Ganón resultó suspendido de sus funciones luego de una sesión especial conjunta realizada el 24 de noviembre en la cámara baja provincial.
El dictamen sometido a votación, y por el que finalmente se apartó al Defensor de su cargo, corresponde al aprobado anteriormente en la Comisión Bicameral de Acuerdos Legislativos donde tramitó el pedido de destitución iniciado por el legislador Lisandro Enrico, de la UCR, el 28 de julio pasado.
Así, con los votos afirmativos de 16 senadores y 29 diputados (ningún senador votó en contra, pero 10 diputados sí lo hicieron), los legisladores santafecinos decidieron suspender al Defensor General que ahora trabaja en su recurso de apelación y en una eventual presentación ante la CIDH.
La CPM vuelvió a manifestar su solidaridad con Gabriel Ganón mediante un comunicado luego de haber participado como amicus curiae en el juicio de enjuiciamiento. Desde el organismo expresaron su preocupación ante una remoción que puede servir como estrategia para aleccionar a todos los actores que decidan denunciar la violencia institucional y la connivencia de las fuerzas de seguridad con las redes del delito organizado.
¿De qué fue acusado Ganón? del mal desempeño en sus funciones a raíz de la presunta negación del derecho de la defensa pública a policías implicados en procesos penales, el “sesgo ideológico” en su función como defensor general, exabruptos enunciados por Ganón contra funcionarios de la Provincia, y además las publicaciones del defensor en sus redes sociales fueron calificadas como impropias de su función.
“Es preciso destacar que el mal desempeño atribuido al Dr. Gabriel Ganón no surge de un hecho único o aislado, sino de un conjunto de hechos que dejan en evidencia la clara voluntad del mencionado de abonar una gestión a partir de pautas y criterios personales o ideológicos, por encima de los consagrados a modo de principios rectores”, señala el dictamen que aprobó por amplia mayoría la legislatura santafecina. “Inconducta pública”, “inocultables y reiterados excesos”, “mesianismo incompatible e impropio”, son algunas de las expresiones con que el documento para la suspensión de Ganón pretende argumentar el proceso de destitución.
“Es increíble cómo se desarrolló este proceso que lo único que busca es frenar un modelo de defensa pública al servicio de quienes más necesitan la asistencia legal del Estado. De ahí que, por ejemplo, cuando recibí la carpeta con la denuncia del legislador Enrico me encontré con más de 480 fojas con capturas de pantalla de mis cuentas en redes sociales”, explicó Ganón.
“Yo fui funcionario judicial en la Provincia de Buenos Aires y nunca vi una dimensión tan atroz de la institucionalidad judicial y política como en Santa Fe donde no existe una sola investigación por torturas o desaparición de personas. La institucionalidad, en realidad, no existe en Santa Fe”, agregó a ANDAR.
Los intentos de la legislatura santafecina por remover al funcionario comenzaron en 2011, a poco de haber concursado y asumido el cargo como defensor general. En aquél año la Suprema Corte le inició un sumario disciplinario –no sería el único por parte del máximo tribunal provincial contra Ganón- por un habeas corpus que el defensor general presentó en favor de un niño de 16 años que había sido víctima de una causa armada por la policía. Esos sumarios de la Suprema Corte fueron retomados, como antecedentes, a partir de 2013 por parte de un grupo de legisladores del partido gobernante que denunció a Ganón por intervención indebida en causas penales y pidieron el juicio político. “Lo que estaba en juego es que yo había cuestionado la designación de Hugo Tognoli al frente de la Policía santafecina. Después se descubrió que protegía a los narcos y terminó preso”. Por falta de votos, el juicio político no prosperó.
La secuencia de pedidos de destitución fue tal durante los últimos años que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó explicaciones al estado nacional y al de la provincia de Santa Fe en 2014 y recordó que “los actos dirigidos a sancionarlos (a los defensores públicos) por motivos atribuibles a su conducta deben observar el principio de legalidad y las garantías del debido proceso”.
“En esta denuncia por la que suspenden vuelven a aparecer los mismos causales que en años anteriores, y justo se da a pocas semanas de que presentara desde la defensoría general un informe alternativo al del Estado Nacional ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando las graves violaciones a los derechos de los ciudadanos, especialmente a los de menores recursos”, afirmó Ganón.
Según el defensor suspendido los legisladores ni siquiera ocultaron durante el proceso de destitución sus intenciones políticas. Y agrega: “Es el Ministerio de Gobierno quien me notificó de la suspensión, cuando debió haberlo hecho la Legislatura”.
El dictamen de minoría
Los diputados Julio Eggimann y Leandro Busatto, integrantes de la Bicameral de acuerdos, formularon un dictamen en minoría (el que prosperó llevó la aprobación de los otros 10 legisladores de la Bicameral) en el que pedían que se archivara la denuncia de remoción de Ganón porque, entre otros motivos, “no existió ningún mecanismo de separación entre ‘quien denuncia’, quien ‘evalúa las pruebas’ y quien ‘decide’ cuestiones que generaron un menoscabo en el juzgamiento del defensor general”.
“A pesar de la naturaleza política del procedimiento institucional de remoción se debe respetar el cumplimiento de las reglas del debido proceso que la jurisprudencia internacional y que la Corte federal exigen para estos procesos”, manifestaron en su dictamen. Ambos diputados remarcaron “la falta de acusación” ya que, si bien consideran que hubo denuncia, faltó la acusación que requiere determinados pasos procesales. Acerca de la supuesta imparcialidad de Ganón en sus manifestaciones públicas Eggimann y Busatto observaron con preocupación un avasallamiento a la libertad de expresión.
“La procedencia de la remoción del cargo del Defensor General, establecido en el artículo 20 de la Ley 13.014 debe interpretarse de manera armónica con el artículo 9 que consagra la autonomía de Defensa Pública. Esto exige que durante el procedimiento de remoción se deben observar las máximas garantías a fin de evitar lesionar la autonomía funcional de la Defensa Pública”, señala el dictamen de minoría.
(ANDAR)
