Las fuerzas de seguridad federales intervinieron en el territorio recuperado por derechos ancestrales —en litigio con el empresario Benetton desde hace años— por la resolución del juez Federal Otranto que había ordenado el despeje de las vías donde circula el tren de turismo “La Trochita” propiedad del estado de Chubut.
Sin embargo, la violencia de los agentes de seguridad tuvo como objetivo claro reprimir a la comunidad e intentar desalojarlos del lugar, destrozando viviendas, hornos y fogones, entre otros recursos del poblado. Al mismo tiempo, golpearon a los integrantes de la comunidad incluyendo a mujeres, niños y niñas e incluso a quienes se habían hecho presente para expresar su solidaridad y evitar la represión.
Los presentes en el lugar también denuncian que los agentes dispararon con armas de fuego. Actualmente hay 10 detenidos, tres por la justicia federal y siete por la justicia provincial.
Por otra parte, las fuerzas provinciales justificaron su accionar por una denuncia efectuada por el empresario Benetton por robo de ganado.
Desde que en 2015 recuperaron su territorio, esta es la tercera vez que la comunidad mapuche del departamento de Cushamen es reprimida brutalmente, sus integrantes golpeados, torturados, vejados y detenidos arbitrariamente.
Cabe destacar que se había constituido una mesa de diálogo para resolver pacíficamente el litigio por “La Trochita” cuyas vías atraviesan el territorio mapuche, hasta que el gobierno provincial se retiró unilateralmente. En esta mesa la CPM participó como veedora.
Al mismo tiempo el gobernador de la provincia de Chubut, Mario das Neves ha venido formulando declaraciones criminalizando a la comunidad y sus referentes, presionando a la justicia a que actúe según los intereses privados y nunca reconociendo los derechos de los pueblos originarios garantizados por la constitución nacional e incluso la constitución de la provincia de Chubut y sus marcos normativos que sí lo hacen, en sintonía con los tratados internacionales.
Desde la CPM seguimos bregando por una solución en paz —tal como en su momento le expresamos a distintos actores judiciales de la provincia— sostenida sobre el cumplimiento pleno de las garantías constitucionales y sobre todo del derecho de los pueblos originarios a su territorio y su cultura, dos cuestiones que son imposibles de escindir.
Todos los poderes del estado deben abocarse prioritariamente a que estas garantías no sean menoscabadas, la propiedad privada no está por encima de ellas todo lo contrario, debe ser regulada de modo que no afecte a los intereses de la comunidad en general. El estado provincial de Chubut y el estado nacional son los responsables de garantizar el cese de la violencia y de la persecución política y el pleno goce de derechos.
Las gravísimas vulneraciones de derecho que vive el Lof de resistencia Cushamen son una expresión más de la negación sistemática de derechos de los pueblos originarios de nuestro país.
