Según el consultor de la Fundación Myrna Mack, Andy Javalois, si no se aprueban las reformas continuarán surgiendo casos de corrupción en el Organismo Judicial (OJ).
El proyecto presentado incluye modificaciones a la forma de elección de las autoridades judiciales y elimina las funciones administrativas de la CSJ, disminuyendo su poder sobre jueces y magistrados.
Javalois asegura que es necesaria la conformación de un modelo de justicia donde sean posibles las vías a las más altas magistraturas del país para todos aquellos profesionales honorables.
“Los cambios son necesarios para que las personas con méritos, honorables, bajo el concepto de una persona proba, puedan tener acceso y posibilidad de llegar a estas instancias, de lo contrario nos vemos sumidos en la falta de control de la justicia”, señaló.
Carmen Aída Ibarra, representante del Movimiento Pro Justicia, aseguró que nuevamente se corroboró que el modelo para la elección de jueces no sirve y es corrupto, por lo que resulta urgente reformarlo.
Según la analista, en 2014, las comisiones para postular magistrados para las altas cortes del OJ tenían 34 mil integrantes y la cifra puede seguir elevándose en caso de que surjan más facultades de Derecho en las universidades.
“Lo que toca ahora es buscar una reforma de ese procedimiento –de elección de jueces- desde la Constitución, para cambiarlo de principio a fin, porque las leyes que están vigentes pueden ser mejoradas, pero eso no va a eliminar la masiva participación de sectores de postulación, que es lo que se presta a componendas oscuras”, manifestó Ibarra.
Argumentos sin sustento para no aprobar reformas
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, no ha manifestado aún su apoyo a la aprobación de las reformas, ya que a su consideración eso sería injerencia de poderes y vulneraría el sistema de pesos y contrapesos del Estado de Guatemala.
Javalois califica dichos argumentos como “bajos y sin sustento ni fortaleza”, ya que el proyecto de reformas es producto de un esfuerzo de diversas instituciones del Estado. “Es simplemente reconocer un hecho del cual todos estamos claros que debe ocurrir –la aprobación de reformas–, no es que no haya una injerencia. Una injerencia sería que ella llegara con diputados y dijera: les exijo que aprueben las reformas, o que ella se fuera a entrevistar con el presidente del Organismo Legislativo”, señaló
