Mujeres de Río Negro salieron a defender sus derechos. Se trata de concejalas de Bariloche, Choele Choel, Cinco Saltos y militantes de diferentes ciudades de la provincia que pidieron la renuncia del legislador Rubén López, de Juntos Somos Río Negro, alianza del gobernador Weretilneck, recientemente denunciado por abuso sexual.
Encolumnadas en el Frente de Mujeres de la Cámpora, el grupo se sumó al pedido realizado por legisladores del Frente para la Victoria, para que este hombre -proveniente del gremio de la Fruta- deje la legislatura rionegrina y la CTA.
La justicia lo investiga por abusar a dos jóvenes de Cipolletti de 19 años. Además, existe otra denuncia similar con anterioridad, que tendría como víctima a una empleada doméstica. Sin embargo, el gobernador Alberto Weretilneck manifestó “que es un tema privado, no político” y se mantiene al margen del asunto.
En este contexto, las mujeres emitieron un comunicado en el que responden que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un problema público, tildan de complicidad los intentos de justificación y aseveran que la inacción registrada hasta el momento evidencia “la naturalización de la violencia y la desigualdad que sufrimos a diario las mujeres”.
La agrupación recordó que “Río Negro tiene de los indicadores más alarmantes de Argentina; supera en un tercio a la media del país por femicidios” y criticó la falta de “verdaderas políticas públicas de género” en el ámbito provincia.
Pero además de pedir su renuncia bajo la certeza de que nadie que ocupe un rol de rango jerárquico en el Estado “debe permanecer en su cargo cuando está acusado de abusar o ejercer violencia de género y familia”, proponen un proyecto de ley que entregaran a legisladores del Frente para la Victoria para implementar un Certificado de Antecedentes para poder ser funcionario.
La normativa permitiría que “cuando el autor o responsable con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes o alguien de su familia, sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, será destituido del cargo e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere”.
