Antes, familiares de Víctor Orlando Farfán habían relatado su detención junto a otros jóvenes estudiantes y como uno de ellos, Juan Ángel Baca, les contó que lo habían matado, tras lo cual fue nuevamente detenido y también desaparecido.
Rolando Agustín Romero tenía 16 años, trabajaba con su padre en la construcción y, según sus hermanos, “no tenía actividad política alguna”. Su secuestro se produjo una madrugada de marzo de 1976, mientras su hermano Carlos Héctor, oficial de policía, se encontraba de guardia en el cuartel central.
El benjamín de los hermanos, Víctor Hugo, recordó que la familia dormía cuando escuchó un fuerte golpe que lo despertó, al que no le dio demasiada importancia. Somnoliento, intentó volver a dormir, pero una sensación fría en la parte posterior de su cuello lo alarmó. A los pocos segundos, se encontraba boca abajo y con la culata de una pistola en la nuca mientras sus captores, un grupo de hombres encapuchados, apresaban al resto de la familia en medio de gritos e insultos.
“Éste es”, clamó una voz en la habitación contigua, determinando a su vez el fin de la rápida intromisión nocturna. “Se lo llevaron así como estaba”, contó Víctor Hugo, refiriéndose a que lo metieron en un vehículo en calzoncillos y con la cabeza tapada.
El menor de los Romero aclaró a la Fiscalía que los captores no exhibieron ninguna orden de arresto o allanamiento durante el operativo. El testigo también recordó que en esa noche se produjeron otras detenciones en el barrio, entre ellas la de Marta Robles de López, y que uno de sus hermanos persiguió en bicicleta los vehículos de los intrusos hasta llegar a una jefatura, donde éstos habían sido estacionados.
Sobre las gestiones que se hicieron para encontrar a Rolando, ambos hermanos relataron que la madre, Manuela Mónica Sotelo, fue la encargada de hacer la mayoría de las averiguaciones. Ella lo buscó en hospitales, comisarías, preguntó a jueces e incluso presentó un habeas corpus. Todas estas acciones no tuvieron respuesta alguna. “Olvídense”, fue una de las contestaciones que recibieron de un jefe de la Brigada, cuyo nombre Víctor Hugo no logró recordar.
Por su parte, Carlos Héctor hizo algunas averiguaciones entre sus colegas policías sobre el paradero de su hermano. En 1975, cuando tenía 19 años, Carlos Héctor ingresó a la Guardia de Infantería, participó junto a Luciano García en un arresto y conoció “de lejos” al comisario Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz. Admitió sin embargo que sus averiguaciones no fueron muchas por miedo a represalias. “Cuando uno pregunta mucho ya lo miran de otra manera”, dijo.
Recordó, además, que en una oportunidad Mario Albino Zimmerman, el entonces jefe de policía de la provincia -que falleció en 2010 mientras era procesado en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”- lo mandó a llamar a su despacho para interrogarlo. “Me preguntó qué hacía, y me preguntó si sabía lo que hacía mi hermano”.
A pesar de las distintas acciones que se iniciaron para encontrar a Rolando, Víctor Hugo comentó que nunca más dieron con su paradero y expresó la angustia que la situación dejó en la familia, sobre todo en sus padres. “Eso fue lo peor, ver a mi padre y madre llorar y esperar toda la noche por si aparecía mi hermano. Fue un horror”.
Antes, Armada Juárez de Farfán había contado como su hijo Víctor Orlando Farfán fue secuestrado por fuerzas policiales.
Los hechos sucedieron a las 21.30 del 20 de marzo de 1976 cuando Víctor, que tenía 20 años y era estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), fue secuestrado “por un grupo de policías, en un bar donde del centro de la capital tucumana junto a sus compañeros de estudios. Fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Tucumán, en Avenida Sarmiento y Muñecas. En ese lugar, fueron interrogados y Farfán atormentado.
Quince días después algunos de las personas que seguían secuestradas fueron liberadas, no así Víctor Farfán, "que figuraba en una lista elaborada por la policía de la provincia titulada "Índice de declaraciones de Delincuentes Subversivos", con el número de orden 83, apodo "Juan del Norte" y con la sigla "DF" (Disposición Final) que indica que su ejecución fue decidida por la llamada "Comunidad Informativa de Inteligencia", según establece el requerimiento de elevación a juicio elaborado por la fiscalía.
La testigo contó a los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga que su esposo se puso en contacto con "un chico de nombre Juan Ángel Baca quien le contó que también había sido secuestrado en ese grupo y que estuvo en cautiverio mi hijo".
Baca, agrego, "fue blanqueado y luego liberado" por lo que Víctor "le pidió que nos avisara que se encontraba detenido en la brigada", agregó.
Tiempo después Baca, por ese entonces estudiante de derecho, denunció los hechos ante un escribano público. Un par de meses después fue detenido nuevamente en la provincia de Salta.
La familia realizó diversos trámites en dependencias públicas pero no lograron dar con su paradero y ambos Baca y Farfán, permanecen desaparecidos
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La megacausa Operativo Independencia juzga a 19 acusados de delitos de lesa humanidad cometidos entre febrero del 75 y el 24 del 76.
Desde que comenzó el juicio el 5 de mayo de 2016 hasta el momento, el tribunal escuchó más de la mitad de los testimonios relacionados con las 271 víctimas, y se prevé que en marzo terminará con la recepción de la prueba oral.
