“Es muy fuerte todo lo que llevo dentro de mí, de mi alma de mi corazón al recordar que a mi hija. Nadie tuvo derecho de arrancarle la vida de esta forma. Voy a seguir luchando, aunque la gente diga ‘Nelly no sabes con quién peleas’. A Sandra la citaron en este lugar que es una dependencia del estado, y voy a luchar y voy a morir aquí gritando por justicia. Nadie va a hacer que me vaya a llorar a mi casa, voy a llorar aquí donde mataron a mi hija” fue lo que pudo decir Nelly Gamboa, con la voz quebrada, frente a las organizaciones y asistentes a la marcha por justicia que se realizó ayer a 10 años del crimen.
El reclamo hoy es que la causa se reabra, se investigue a fondo el encubrimiento policial y otras pistas y se desplace al fiscal Fernando Cartasegna. El expediente, archivado el 15 de mayo de 2015, no profundizó en investigaciones a los posibles encubridores. “La causa por el encubrimiento del asesinato contra los policías de la comisaría 1ª ante quienes se radicó la denuncia en primer lugar y no quisieron recibirla, entre otras cosas; eso surgió en el juicio, y sabemos el rol que juega la policía en estos casos”, dice Luz Santos Morón, abogada CEPRODH.
Sandra Ayala Gamboa tenía 21 años cuando viajó de Perú a La Plata para estudiar. El 16 de febrero de 2007 asistió a una entrevista de trabajo y no se supo más de ella. Fue violada y asesinada en un edificio del ministerio de Economía (ex Rentas) de 7 entre 45 y 46. El 22 de febrero encontraron el cuerpo: tenía cuatro rastros distintos de ADN, colillas de cigarrillos y pelos que Sandra había arrancado para defenderse.
Nelly, su mamá, llegó a Argentina a buscarla y se quedó buscando justicia. El único autor del crimen que terminó preso fue Diego Cadícamo, a quien se le anexaron ocho casos más por violaciones. “Haber logrado la condena de Diego Cadícamo es un logro de la lucha de las mujeres, de haber salido a las calles, de la acompañar la lucha de Nelly. Pero sigue siendo gusto a poco porque aún falta identificar los contribuyentes de los otros 4 ADN que no se sabe de quién son. No se investigó hasta el final”, explica Santos Morón. El pedido de reapertura y corrimiento de Cartasegna aún no fue respondido por el fiscal general Héctor Vogliolo.
