Además, el canciller Hugo Martínez desestimó que se vislumbren deportaciones masivas, porque el proceso logístico para devolver a una persona a su país de origen no lo permitiría, por el momento, y que esto sería algo que “vamos a ir abordando con la ley en las manos”.
El canciller tomó ayer una postura más firme ante los memorandos que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) publicó el martes, y además de llamar a los compatriotas residentes en ese país a “mantener la calma” detalló una estrategia de acción para proteger los intereses de los más de dos millones de salvadoreños que viven bajo esta nueva realidad.
Como parte de estas labores, se reforzará a los 17 consulados del país en la nación norteamericana, estableciendo “distritos consulares” que estarán ubicados en ciudades donde no hay representación de la cancillería. Todos en funcionamiento a más tardar la próxima semana, aseguró.
Se espera que en marzo se abra una nueve sede consular en Colorado –aún pendiente de definir si estará en Aurora o en Denver–. Otra entraría en funcionamiento en Laredo, Texas.
Se seguirá con la contratación de servicios legales especializados para asesorar a compatriotas. Estos servicios son gratuitos, y con mayor énfasis en Texas, California, Nueva York y Washington. También buscarán ampliar el servicio de voluntarios y cónsules honorarios, dijo el canciller.
El martes, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, firmó directrices para ordenarle a su departamento a “ejecutar fielmente las leyes de inmigración de Estados Unidos en contra de todos los extranjeros que son deportables”. Dentro de los lineamientos que dio Kelly, que dirige la mayor agencia que decide sobre los inmigrantes, se encuentran nuevas y más duras definiciones de los crímenes que pueden provocar que una persona sea deportada.
En incansables ocasiones anteriores, Martínez llamó a la calma. Hoy le dice a la administración Trump: “Nosotros, como país de leyes, nos basamos en los recursos que tiene un país de leyes como lo es Estados Unidos”, y que valiéndose de esto, la red consular que tiene a su cargo no va “a permitir que se ponga en un avión a una persona para ser retornada, si no ha pasado la entrevista consular y si no se le ha entregado un documento de viaje (que se dará) solo a las personas que no tengan alternativa para quedarse, que ya no tengan ningún recurso legal pendiente”.
“La represión contra criminales ilegales es sencillamente el mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros de bandas, traficantes de droga y otros están siendo deportados”, aseguró Trump en su cuenta de Twitter, luego de que Inmigración arrestó a casi 700 inmigrantes en una semana.
En este panorama, Martínez hizo un llamado a los compatriotas a “portar siempre un documento de identificación, aunque no sea de permanencia legal, que porten el número del consulado más cercano, o de un abogado, que no mientan a las autoridades, y que respeten las leyes y procedimientos”.
Reveló que después de los anuncios hechos por el DHS se convocó al Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (Conmigrantes) a una reunión extraordinaria de emergencia. Además, sostuvo reuniones ayer en la Asamblea Legislativa, las cuales planeaba continuar hoy.
Martínez, que antes de enumerar todas estas acciones hizo un repaso por la relación bilateral y de cooperación económica, dejó entrever que no tiene una fecha para reunirse con Trump ni con Kelly. Matizó que ha sostenido reuniones con mandos medios.
En tanto, el dinero para los ajustes a la red consular se redireccionarían, porque “en este momento lo más urgente son los derechos de nuestros compatriotas”. Aseguró que en reuniones en privado con países cooperantes ha trascendido la decisión de apoyar económicamente a la cancillería. “Hay países que ya se comprometieron a poner recursos para que se implemente el plan”.
