El procedimiento de la Policía de la Ciudad fue desmedido y violento; las mujeres denunciaron maltratos y requisas vejatorias durante la detención y advirtieron que se trató de una razzia policial que busca disciplinar al movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis.
Lamentablemente, no es la primera vez que sucede un hecho de esta magnitud; la criminalización y represión policial sobre el movimiento de mujeres se reitera en cada nueva marcha. La CPM reclama que se inicie una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad de los agentes policiales que participaron del operativo.
Algunas horas después de la marcha, en cercanías a la Plaza de Mayo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un violento y desmedido operativo policial para detener a varias mujeres que se encontraban comiendo en una pizzería sobre calle Perú; entre ellas había una adolescente. Otro grupo de amigas que estaba en el lugar y quiso intervenir ante la violenta detención también fue arrestado. En total, tras la desconcentración, unas 20 mujeres fueron detenidas bajo la imputación de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.
Durante el procedimiento policial, además, actuaron varios agentes de civil que, ante el reclamo de las víctimas, se negaron a identificarse. Las mujeres sufrieron golpes, fueron tironeadas de los pelos y, en todo momento, recibieron amenazas verbales con una clara intención aleccionadora: “Con esto vas a aprender”.
Luego de la detención en la vía pública, las mujeres fueron trasladadas a distintas comisarías de la ciudad donde siguieron siendo víctimas de maltrato y humillaciones por parte de la policía; sufrieron requisas vejatorias que implicaron, incluso, desnudos completos. Permanecieron detenidas durante la noche en deplorables condiciones, sin elementos de higiene personal y sin recibir atención médica. Tras ser liberadas el jueves a la mañana, quisieron presentar una denuncia por las agresiones, maltrato y amenazas, pero no fue aceptada.
Para la Comisión Provincial por la Memoria, la detención se llevó a cabo en un marco de ilegalidad y violencia que puso en riesgo la integridad de las personas y vulneró los derechos y garantías de las personas. No es la primera vez que sucede, en los últimos años a medida que crece y se intensifica el justo reclamo de las mujeres, las fuerzas de seguridad han desplegado una selectiva represión sobre este movimiento.
Ante la gravedad de este nuevo hecho, la CPM reclama que se inicie una urgente y profunda investigación para determinar las responsabilidades de los agentes policiales que intervinieron en el violento operativo. Y, al mismo tiempo, señala que el Estado tiene la responsabilidad y el deber constitucional de garantizar condiciones para la manifestación pública de los reclamos genuinos del colectivo de mujeres y de todos los movimientos populares. Frente a los intentos por disciplinar al movimiento de mujeres, es indispensable seguir reclamando al Estado el respeto de todos los derechos y seguir avanzando en la conquista de aquellos que todavía faltan.
