Los acusados deben responder por secuestros, traslados ilegales entre centros clandestinos de detención y tormentos aplicados a detenidos políticos, principalmente en el CCD "La Escuelita", controlado por el V Cuerpo de Ejército.
Sobre los traslados, la instrucción de la causa describe cómo los grupos de tareas transportaban a detenidos en aviones del Ejército, desde el aeropuerto de Neuquén hasta Bahía Blanca, en donde se disponía de ellos para los interrogatorios bajo tortura o la ejecución clandestina.
Los imputados son el ex jefe de Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Montaña de Neuquén, coronel (RE) Oscar Reinhold, el teniente coronel aviador Juan José Capella, el mayor retirado y ex jefe de Personal Luis Alberto Farías Barrera y el general de brigada (RE) y ex jefe de Operaciones Juan Manuel Bayón.
Otros imputados que cumplieron funciones en el Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército en Neuquén son el coronel (RE) Jorge Molina Ezcurra, el teniente coronel (RE) Sergio Adolfo San Martín (foto) y el teniente coronel (RE) Jorge Héctor Di Pasquale, además del ex agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.
La participación de la delegación local de la Policía Federal recae en el ex segundo jefe Jorge Alberto Soza y el ex inspector de esa fuerza Miguel Ángel Cancrini, y también han sido imputados el ex jefe de la Policía de Neuquén, teniente coronel Osvaldo Antonio Laurella Crippa y el policía Amador Luengo.
Los restantes imputados, pertenecientes a la Policía de Río Negro, son el comisario de Cinco Saltos Desiderio Penchulef y el oficial ayudante de la Comisaría 24 de Cipolletti Gerónimo Huircain.
En Neuquén se realizaron desde 2008 cuatro juicios por delitos de lesa humanidad relacionados con el centro clandestino de detención "La Escuelita", que funcionaba en terrenos aledaños al destacamento militar ny que llevaba el mismo nombres que otros CCD "fundados" por el general Adel Vilas en Famaillá (Tucumán) y Bahía Blanca.
En su carácter de querellante en el proceso, la APDH señaló que "la totalidad de los hechos incluidos en este requerimiento fueron consumados en el contexto de un plan criminal, sistemático y clandestino de exterminio, cuya existencia y modo de funcionamiento fue establecido en la histórica Causa 13/84 y en las subsiguientes sentencias judiciales dictadas luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida".
"El plan sistemático constituyó un genocidio reorganizador -denominado por sus perpetradores 'Proceso de Reorganización Nacional'- cuyo principal objetivo fue la transformación de las relaciones sociales basadas en la solidaridad y la cooperación a través de la muerte y el terror", sostiene el escrito con el que esta querella ha pedido la elevación a juicio.
