En los días de ayer y hoy se emitieron comunicados del gobierno, publicados en la página del Ministerio de Seguridad, pretendiendo así dar cuentas de los sucesos el día miércoles en la Facultad de Ciencias Agrarias. En los mismos, el gobierno se encarga de falsear los testimonios brindados por los estudiantes que relataron los sucesos represivos presenciados durante la actividad de “bautismo” en dicha facultad.
En este comunicado, el gobierno se basa en la reproducción de los dichos del jefe de la policía de la provincia, Aldo Soles, quien se concentra en negar el ingreso ilegal de la policía provincial en la facultad de Ciencia Agrarias. Pero además Soles alega que “el forcejeo se debió únicamente a la actitud negativa y la resistencia de las dos personas que fueron demoradas y no detenidas”, refiriéndose a los golpes propiciados hacia los estudiantes Joaquín Quispe e Ignacio García. El tercer argumento que se desprende de los dichos de Soler es que los estudiantes no fueron detenidos, sino demorados.
Este “esclarecimiento de los hechos” difundido por el ministerio de seguridad de la provincia se torna escandaloso, ya que en él, en primer lugar se afirma haber intervenido desde el departamento contravencional a partir de supuestas denuncias de vecinos del barrio Los Naranjos. Este reconocimiento, por un lado evidencia que no había ninguna orden de un juez para ingresar en la universidad pública, como afirman los estudiantes que testimoniaron que la policía ingreso en una actividad universitaria legal y permitida (como también afirmo el mismo decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Mario Bonillo).
Por otro lado, este reconocimiento que defiende el accionar de las fuerzas policiales en la aplicación de una ley de jerarquía menor, contravencional, evidencia la ilegalidad de su intervención, ya que por encima de las contravenciones, la intervención policial en la universidad pública se ve regulada en el artículo 31 de la ley 24521, que dictamina que “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida“.
Pero sobre todo la veracidad de esta versión difundida por el gobierno queda totalmente cuestionada por el mismo vídeo que publicaron los estudiantes de esa facultad y que en pocas horas fue viralizado, donde se ve como efectivos policiales reducen Joaquín Quispe, presidente del centro de estudiantes , procediendo luego a su detención sin una orden de arresto. Bajo este precedente, como no podía ser de otra forma, en dicho vídeo se puede ver como un efectivo policial amenaza al joven que esta documentando la detención de Quispe, diciendo “si te quiero llevar, te voy a llevar”.
Este avasallamiento ha despertando la solidaridad e indignación de cientos de estudiantes y jóvenes en la provincia, y se hizo extensivo a organizaciones políticas y derechos humanos que emitieron comunicados y pronunciamientos de repudio a nivel nacional.
El gobierno de Jujuy se pronuncia en defensa de la contravención contra los estudiantes.
El código contravencional data de la dictadura militar, fue declarado reiteradas veces inconstitucional, y duramente criticado por organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, a partir de que atenta contra las libertades democráticas, otorgando poderes extraordinarios a la policía para intervenir.
A su vez fue reformado por el gobierno peronista de Eduardo Fellner, adquiriendo mayor carácter represivo. Durante su gestión, Gerardo Morales se sirvió de él de manera escandalosa partiendo de la detención a Milagro Sala durante el acampe en la plaza Belgrano, para así poder legitimar su régimen policial, siendo los trabajadores, los jóvenes en los barrios y los sectores más carenciados su blanco predilecto. Ahora lo intentan aplicar sobre los estudiantes de Ciencias Agrarias.
Estos hechos se enmarcan en una escalada represiva a nivel nacional, donde Jujuy se ubica como la capital del ajuste y la represión en manos de Gerardo Morales, situación repudiada a nivel internacional como se expreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
