El martes 11 de abril, fueron liberados trece trabajadores del establecimiento rural Santa Marta, Colonia Libertad. El fiscal Aníbal Fabián Martínez acusa a los dueños del lugar de haber captado a los trabajadores con fines de explotación y se encuentran detenidos.
Las víctimas, de nacionalidad paraguaya, eran reducidas al trabajo esclavo. Las jornadas en el campo se extendían entre ocho y diez horas y, a cambio, percibían un haber mensual de tres mil pesos, del que les eran descontados los alimentos que consumían.Dentro de las tareas que realizaban, se encuentran la extracción de productos forestales, fabricación de objetos de madera, paja y materiales trenzables.
En su declaración, los operarios describieron las humillantes condiciones de vida a las que eran expuestos. Estaban alojados en tres semirremolques, que no cumplían con los requerimientos sanitarios mínimos. No contaban con baños, energía eléctrica ni servicio médico. Agregaron que sólo les era provista la comida - deducida del salario - y que no disponían de sillas ni utensilios necesarios.
La connivencia del RENATRE
A mediados de 2016, empleados despedidos del Registro Nacional Trabajadores Rurales y Empleadores (ex Renatea), habían denunciado la eventual “precarización del peón rural y la facilitación de la trata”.
Los despidos se concretaron tras una maniobra del gobierno a favor de las cámaras empresarias del campo y del secretario general del gremio de trabajadores rurales, UATRE, Gerónimo Venegas. En ese contexto la delegada Inés Arancibia aseguraba: "No sólo están dejando trabajadores en la calle, sino que a su vez dejan en un desamparo absoluto a los empleados rurales y le dan todas las comodidades a la Mesa de Enlace para que tenga mano de obra barata y precarizada".
Casi un año después, los resultados están a la vista.
*Por María Julia Otero (APU)
Foto archivo La Alameda
