"Hoy recibimos la notificación de la decisión de la Cámara (de Casación) de designar a Gallino en el TOF2", dijo a Télam la abogada Patricia Chalup (foto), querellante en la causa en la que están imputados el ex juez federal Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Molina y el ex secretario penal del Juzgado Federal 1 Carlos Otero Álvarez.
Los ex magistrados y funcionarios judiciales están imputados por no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas a ellos y, por el contrario, haber encubierto a los perpetradores.
Gallino, que integra el TOF de Concepción del Uruguay y subroga en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, integrará el TOF2 de Córdoba en reemplazo de la jueza Beatriz Caballero de Barabani, en el juicio de la causa "Cornejo, Antonio Sebastián y otros", conocida como "La Causa de los Magistrados".
El TOF2 quedó incompleto luego de que el juez federal Juan Carlos Reynaga planteara la "imposibilidad" de integrarlo en la fecha pevista para el inicio del juicio (27 de abril) debido a audiencias ya fijadas en otro juicio por crímenes de lesa humanidad que se lleva a cabo en Tucumán.
En reemplazo del catamarqueño Reynaga fue designada María Ivon Vella, magistrada del TOF de Santa Fe, quien excusó con similares argumentos a los de Reynaga. Posteriormente fue nombrada Caballero de Barbani, quien también se apartó por el mismo motivo.
Designado Gallino, "ahora habrá que esperar si tiene algún impedimento para integrar el TOF2. Nuestra preocupación es que podamos iniciar el debate lo antes posible, porque ya se ha dilatado demasiado", señaló Chalup.
Puga, Cornejo, Haro, Molina y Otero Álvarez están imputados por violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento de crímenes de lesa humanidad como secuestros y torturas, entre otros delitos.
Víctimas de los crímenes considerados en esta causa fueron quienes estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial, donde funcionaba un centro clandestino de detención, y en la Unidad Penal 1 de la ciudad de Córdoba.
