El relevamiento surgió de la negociación por la ley de Emergencia Social sancionada a fines del año pasado es llevado adelante por los movimientos sociales que reciben del Estado un pago por cada encuesta presentada.
Hasta ahora se han relevado los datos de 403.655 familias encuestadas. De allí se desprende que el 90% de las viviendas pertenecen a sus ocupantes, mientras que el 9% afirma que es prestada o alquilada.
En ese marco, Ignacio Rico, responsable de la JP Evita y coordinador del programa, afirmo a Tiempo: “La carencia de información oficial precisa y actualizada sobre Barrio Populares, villas y asentamientos, y sobre quienes habitan en ellos, impedía establecer con precisión la magnitud y las características del fenómeno para generar propuestas. A 8 meses de haber comenzado el relevamiento y a través de la participación activa de un amplio arco de organizaciones sociales, podemos decir que hemos construido números que nos permiten dar cuenta de esta problemática y exigir políticas de intervención”.
En lo que refiere a la situación laboral, la construcción y afines está a la cabeza de las actividades económica realizadas con un 36%. Entre los que trabajan, solo un 16% están registrados. Un 17% realiza tareas en el hogar sin percibir un sueldo. Los llamados “NiNi” representan un 25% de las personas encuestadas.
