Según consigna el sitio Fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación, Hairebedian se pronunció luego de que los abogados oficiales de Carlos Alberto Díaz, condenado por delitos de lesa humanidad, invocaron el fallo Muiña de la Corte Suprema de Justicia para intentar obtener su libertad.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró así que el artículo 491 del Código Procesal Penal, que deniega participación a los querellantes en la ejecución de una sentencia, "es inconstitucional".
El incidente generado por el pedido de Díaz se dio dentro de una causa en la que también han sido condenados Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Ezequiel Acosta, Ricardo Ramón Lardone, Luis Alberto Manzanelli y Oreste Valentín Padován, quienes integraban el grupo de tareas que operó en el centro clandestino "La Perla", ubicado en la provincia mediterránea.
Hairebedian destacó que, desde la reforma constitucional de 1994 se produjeron "importantes cambios en los derechos de la víctima, que vio ampliada su participación en los procesos judiciales". "Sin embargo, este avance no se ha visto reflejado en la regulación de los incidentes de ejecución, al impedir su participación", sostiene el funcionario del ministerio público en su presentación.
Además, el fiscal remarca que "las víctimas deben tener el derecho a ser oídas como un concepto básico defensa establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional".
