Mazzaferri, que hoy tiene 65 años, llegó a los tribunales capitalinos a media mañana, en un dispositivo de seguridad que le permitió evitar el contacto con los periodistas que siguen las instancias del juicio.
En el caso que se investiga se vieron involucrados jóvenes militantes peronistas de la UES y comunistas de la FJC. Las víctimas fueron secuestradas en julio de 1976 y permanecieron durante varios días en la delegación local de la Policía Federal, donde sufrieron apremios ilegales.
Mazzaferri fue el único acusado en este debate oral y público porque se encontraba prófugo cuando otros dos represores fueron sentenciados en 2012 por los mismos crímenes por los cuales ahora fue imputado, en el marco del juicio por la causa Harguindeguy. En aquel entonces fueron condenados los policías federales Francisco Crescenzo, a 10 años de prisión, y Julio César Rodríguez, a 15 años.
Hoy, al momento de acusarlo y de calificar los crímenes como de lesa humanidad, la Fiscalía señaló que "debe destacarse especialmente que Mazzaferri pudo ejecutarlos actuando en numerosas ocasiones a plena luz del día, a cara descubierta, uniformado y conduciéndose en su vehículo particular, porque contaba con la impunidad que le proporcionaba el propio sistema, que estaba preparado para que sus distintos estamentos actuaran coordinadamente y para no dejar pruebas de su accionar".
La Fiscalía valoró que "del confronte armónico de los relatos de todas las víctimas surge la responsabilidad de Mazzaferri en las detenciones ilegales, traslados hacia la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, interrogatorios, torturas, apremios y maltratos que sufrieron en esa dependencia, en las oficinas de la planta alta donde el imputado desarrollaba sus tareas diarias".
En ese juicio de 2012, las víctimas dieron testimonios coincidentes respecto del papel de Mazzaferri en la represión ilegal y lo señalaron como quien encabezaba los operativos -utilizando en ocasiones su automóvil particular- e instruía a otros policías en técnicas de tortura con picana eléctrica.
El caso se conoce como la "Noche del Mimeográfo" porque los jóvenes fueron secuestrados cuando estaban reunidos editando -con ese tipo de impresora-, volantes en rechazo al golpe de Estado y en reclamo del boleto estudiantil gratuito y de la continuidad de los centros de estudiantes, que habían sido prohibidos por la dictadura.
La búsqueda del "mimeógrafo" y el hecho de que se tratara de militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) o de la Federación Juvenil Comunista (FJC), derivaron en el secuestro y tortura de estos estudiantes entrerrianos.
El juicio se extenderá hasta el 13 de junio en audiencias que comenzarán a las 10.30 en las salas de la calle Urquiza, en la capital provincial. El Tribunal estará integrado por Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Sebastián Gallino e intervendrá en el juicio el fiscal general José Ignacio Candioti.
