Entre los condenados a cadena perpetua -por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados- se encuentran el coronel (RE) Luis Alberto Stuhldreher, quien usurpó el cargo de comisionado municipal, así como Raúl Alberto Ruiz Soppe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Juan Armando Giovarruscio, Cecilio Oseas Martínez Garay, Oscar Raúl Pérez Fernández y Aníbal Alberto Guevara.
A ellos se suman con la pena mayor Juan Roberto Labarta, Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez, Daniel Ernesto Huajardo Martínez, Pierino David Massaccesi, y Ramón Trentini Colletti.
"¡Qué digan donde están! ¿Dónde están los compañeros?", gritaron los familiares de las víctimas apenas finalizada la lectura de la sentencia y lamentaron que "una vez más, un juicio por delitos de lesa humanidad cierra con el pacto de silencio sobre el paradero de las víctimas".
"La administración de justicia tiene un margen de falibilidad pero creo que hoy se logró la verdad procesal", señaló el presidente de la APDH San Rafael, Richard Ermili.
En tanto, a la pena de ocho años de prisión fueron condenados Miguel Angel Báez Malbec y Norberto Ernesto Mercado Laconi; a siete años de prisión, Carlos Alberto Ochoa; y a seis años, Tomás Luis Rojas García.
A la pena de cuatro años fue condenado Luis Juan Edgardo Graín Farina, Ciro Isidro Maza Corre, Emilio Eduardo Castro, Eduardo Villafañe y Miguel Angel Megetto; en tanto que a tres años en suspenso, Rafael Francisco Bitti Rodríguez, y Osvaldo Domínguez Muñoz.
Lograron la absolución Daniel Navarro Farías, Antonio Gallardo Torres, Raúl Olguín y Osvaldo Orellana Benítez, Sergio Shaki, una de las víctimas sobrevivientes, -quien estuvo detenido cinco meses en el Palacio de los Tribunales en San Rafael- mostró su conformidad con la sentencia, al igual que sus compañeros presentes en la sala.
La lectura del fallo estuvo a cargo de la presidente del II Tribunal Oral de Mendoza, Fátima Ruiz, quien señaló que "ha sido un juicio muy deliberado que no fue fácil, con muchas causas e imputados" y destacó que "se ha logrado llegar a la verdad procesal y alcanzar un veredicto más justo". Asimismo la magistrada manifestó que se le dio aviso al Vaticano de que hubo sacerdotes que estuvieron involucrados en esos delitos, pero no mencionó sus nombres.
Por su parte, la acusación de los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena apuntó durante el juicio a la articulación militar y policial que operó como una "asociación ilícita represiva" en el marco del terrorismo de Estado.
La lectura del fallo fue seguida por militantes de distintos organismos de derechos humanos y partidos políticos, que se apostaron desde temprano en los alrededores de la regional sur de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Finalizada la audiencia, se realizó una marcha hacia la Plaza de la Memoria, en las inmediaciones del centro de la ciudad, para honrar a las víctimas de la dictadura.
