En la noche del viernes 23 de junio la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Regional Conurbano Sur, recibió una denuncia por un "control policial" que se desarrollaba en la Estación de Quilmes: se detenía a los colectivos en la parada de las líneas 263 y 281, no sólo se hacía bajar a todos los pasajeros varones, sino que se les hacía poner las manos contra el vehículo, se los "cacheaba", se les revisaban los bolsos, se les exigían los documentos, de no tenerlos se les impedía subir nuevamente y no se permitía filmar o sacar fotos.
Representantes de la APDH se hicieron presentes, encontrándose con una gran cantidad de efectivos de la policía local. Ante el primer colectivo en el que aplicaron esto, se produjo una situación donde uno de los policías entró en discusión con un pasajero de unos treinta años, que después de ser cacheado y entregar el documento puso las manos en los bolsillos.
El agente le dijo que las saque, se negó a hacerlo diciendo que estaba en la vía pública, le ordenaron que no los tutee y amenazaron con detenerlo. En ese momento, y viendo que la discusión subía de tono, los miembros de la APDH y pidieron por el jefe del operativo. Lo fueron a buscar, se acercó y dijo que era un operativo ordenado por la superioridad, allí se le informó que había una denuncia de tratos abusivos: como exigencia de documentos, incluso impidiendo volver a subir al colectivo y que él sabía que no había ley que avalara ese proceder.
También se le informó que los miembros del organismo de Derechos Humanos permanecerían mientras durara esa intervención policial, para registrar e informar de lo que allí pasara. Lo que efectivamente ocurrió. A los pocos minutos dieron por finalizado el operativo y comenzaron a retirarse.
Cabe destacar que no existe ninguna Ley Nacional o Provincial que exija exhibir documentos, o habilite a las fuerzas de seguridad para cachear ciudadanos que transitan por las calles. Por lo tanto este accionar policial es ilegal.
El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, es el responsable de haber habilitado estos procedimientos que van en línea con las políticas de "mano dura" que prometió la Ministra nacional Patricia Bullrrich, y hechos como estos se repiten en distintos distritos.
Rechazamos enérgicamente estos actos de violencia institucional y exigimos que el accionar de las fuerzas de seguridad se ajuste a las leyes vigentes y, en todo caso, focalice sus objetivos en ser instrumento de la justicia contra el delito y no en este evidente intento de control y disciplinamiento poblacional, que apunta sobre el conjunto de los ciudadanos.
