En este informe, integrantes de pueblos originarios opinan sobre este acontecimiento y exigen la “renuncia” de los arqueólogos que entregaron el lugar al empresario inmobiliario Jorge O’Reilly.
Luego de una década de abandono estatal, la comunidad de Punta Querandí se abre camino con autonomía y autodeterminación. Así lo explica Valentín Palma Callamullo, militante quechua: “El Museo es lo cúlmine, es para traer todas las piezas que fueron apareciendo, que motorizaron esta lucha desde un principio, para conocimiento de toda la sociedad como debe ser. Ya no se puede esperar más a un Estado que mete la cabeza bajo la tierra como el ñandú, mientras el río y las olas de las lanchas y las motos de agua desaparecen el sitio patrimonio cultural milenario que dejaron los ancestros”.
Callamullo, vecino del paraje Punta Canal, agrega que el Museo “es el resultado de casi una década de desidia y abandono del Estado en todos sus niveles” y resaltó los ataques de fines de 2016 contra el Opy (lugar sagrado guaraní), situación que obligó a profundizar la recuperación de Punta Querandí con nuevas construcciones.
“El Estado se borró, entonces nos vimos forzados como pueblos indígenas recuperadores del lugar a construir el Museo de manera autónoma. Es la autogestión de nuestra cultura, de nuestra educación, es un primer paso. El Estado debe respetar nuestras decisiones y nuestra forma de pensar”, expresa.
Por su parte, el qom Alberto Aguirre, uno de los guardias del sitio sagrado y quien estuvo a cargo de la construcción del Museo, señala: “Es rescatar todo lo que está invisible para sacarlo a la luz de una vez por todas y en un lugar específico donde estuvieron, donde se encontraron las piezas, no exhibimos cosas que se sacaron de otros lados”.
“El Museo es como un recuerdo de todos nuestros antepasados que vivían en este lugar y en esta región, es muy importante para que la gente y los más chicos puedan aprender de todas las culturas de nuestros ancestros. Acá era el encuentro de los sureños con los norteños”, expresa Reinaldo Roa, integrante del pueblo guaraní y vecino del barrio La Paloma de El Talar (Tigre), otro de los abuelos de la comunidad de Punta Querandí.
“Estas son historias que nuestro pueblo desconoce, porque nunca nos han enseñado, están escondidas y las tendrían que enseñar en los colegios para que los chicos tengan su identidad, su raíz, su origen e idiosincrasia de esta región”, agrega Reinaldo.
Otro luchador de Punta Querandí es Santiago Chara, quien a su vez es referente de la comunidad qom de Benavidez, partido de Tigre. “Vamos a mostrar la pura verdad de lo que existió. Acá tapan la historia y eso es parte de lo que vamos a revelar, este es un Museo Histórico Indígena del que se puede obtener mucha cultura y mucho arte de nuestros pueblos, para que mucha gente pueda venir a visitar y que vea que no son palabras nada más”, manifiesta.
Leni Lachs es una de las personas mayores de Punta Querandí y es un ejemplo de quienes sin tener “sangre indígena” se comprometen con la lucha. Sobre el Museo explica que es “un espacio largamente esperado” y que está “dedicado a visibilizar no sólo el pasado, no sólo este sitio que es el que nos inspiró, sino a mostrar que todas las energías de los pueblos originarios siguen circulando, vivas, entre nosotros. Y a invitar a que más descendientes se animen a reconocerse, conocer sus orígenes, y se muestren, libres de silenciamiento, en su andar actual”.
“Los Arqueólogos Tienen Que Renunciar”
El qom Alberto Aguirre apunta contra los especialistas Daniel Loponte y Alejandro Acosta, (foto Derecha) quienes se desempeñan dentro del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y son financiados por el CONICET, pero al mismo tiempo trabajan para el empresario inmobiliario Jorge O’Reilly: “Ellos abandonaron el sitio porque decían que no tenía valor, nosotros le damos el valor ancestral que tiene desde nuestra cosmovisión”.
“Yo creo que deberían sentir vergüenza por lo que hicieron y por lo que dijeron, es más, tendrían que dar un paso al costado y dejar que otra gente más responsable se dedique a trabajar de verdad”, dice Santiago Chara, referente de la comunidad qom Cacique Ramón Chara de Benavidez y otro destacado luchador de Punta Querandí.
“Si tuvieran un poquito de conciencia lo menos que podrían hacer sería renunciar al título que tienen, por la forma en que ellos están empleando ese título, para beneficio y logro personal económico, y no para defender y salvaguardar todo lo que es el patrimonio. Deberían renunciar y dejar el lugar vacante para otros que tienen las ganas de hacer las cosas bien”, coincide Alberto.
El Movimiento en Defensa de la Pacha reclamó en varias oportunidades a las autoridades de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural el respeto a los derechos indígenas, cambios en la política arqueológica oficial y el reemplazo de los especialistas responsables en el territorio de los llamados “Bajíos Ribereños”, correspondiente a los humedales amenazados por el negocio inmobiliario. La última vez fue en octubre de 2015 pero, si bien asumieron nuevos funcionarios con la llegada al poder de la gobernadora María Eugenia Vidal, el responsable del centro de registro arqueológico, Fernando Oliva, continúa en su cargo.
Con respecto al rol de los arqueólogos asignados por el Estado para resguardar los sitios indígenas, Soledad Roa plantea que estos especialistas “tienen que trabajar en pos de la sociedad y no para intereses de empresarios”. Así mismo, recama que los ‘expertos’ consulten a los pueblos originarios ante hallazgos de sitios arqueológicos, “para ver qué podemos hacer de conjunto, tienen que tener nuestro consentimiento, no es cualquier hecho encontrar un sitio ancestral en un lugar que va a ser destruido para generar barrios privados para beneficio de pocos”.
La mujer guaraní amplió su descargo: “El gobierno de la provincia tiene que poner a arqueólogos que respeten los derechos de los pueblos originarios. Más allá de que no seamos descendientes directos (del sitio), hay organizaciones y comunidades indígenas vivas a las que se le debe tener en cuenta en estas situaciones”.
Jasuka remarcó la conexión espiritual de los vecinos de raíces de pueblos originarios con las tierras disputadas por la empresa EIDICO: “Punta Querandí tiene mucho valor cultural porque fortalece la identidad de los indígenas que vivimos actualmente en Tigre y ayudar a reencontrarnos con el territorio indígena que hay debajo del asfalto”.
Valentín Palma Callamullo redobla los argumentos: “Necesitamos que el Estado revise el trabajo que ha habido en zona norte con la preservación de bienes patrimoniales de toda la ciudadanía y de la humanidad, empezar a ver cómo podemos reparar tantos años de desidia y de ausencia”.
Alberto se suma a los cuestionamientos a los arqueólogos: “Ellos son los que dan el visto bueno, son los que hacen el desastre, no en su totalidad, hablo de casos particulares; las autoridades están permitiendo que ocurran estas cosas: vienen, excavan, rescatan y dicen ‘sitio liberado’ para las empresas. Y es financiando por la mismas empresas, hay algo que no cierra. Los funcionarios tendrían que replantearse si defienden el interés común o si son empleados de las empresas de construcción que hacen los countries”.
“Desde aquí vamos el debate con la academia, para revisar nuestra historia y la práctica arqueológica del Estado, con muchos grises oscuros, con seudos protectores del patrimonio cultural bonaerense que simplemente el triste rol que hacen es barrer sitios bajo la alfombra para no entorpecer el desarrollo de la mafia inmobiliaria, de O’Reilly, Constantini y compañía”, dice Callamullo.
Los objetivos de fondo siguen siendo “la protección de los espacios arqueológicos, que para nosotros son sagrados, se pide igualdad de derechos tanto de nuestro medioambiente como de nuestros bienes espirituales de toda la población indígena y de los ancestros que están descansando ahí”, manifiesta el militante quechua.
La Segunda Conquista
Los contenidos del Museo no sólo apuntan a lo ancestral y a la realidad indígena, sino que cuenta el pasado reciente y las problemas actuales que sufre toda la población a causa de la invasión de barrios privados que en la última década avanzaron sobre 10 mil hectáreas de humedales en la Cuenca Baja del Río Luján, superficie equivalente a la mitad de todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“Aquí tenemos otra historia que también está como invisible”, relata Alberto, quien rescata la identidad de los vecinos nacidos o criados desde pequeños en el paraje Punta Canal, ubicado en el límite de las localidades de Dique Luján (Tigre) y Maschwitz (Escobar).
“Tienen un arraigo muy especial, ellos se ven avasallados como nosotros y están preocupados por defenderse porque de a poco estos avances inmobiliarios van socavando a las familias. Los barrios privados rellenan sus terrenos inundando a los vecinos para que ellos tengan que emigrar de su lugar de origen”.
“Yo relaciono la migración que tiene que sufrir el ciudadano común del paraje, con la destrucción que quieren hacer de los restos arqueológicos de los abuelos”, concluye el abuelo qom, el gran constructor de la cabaña de madera que alberga al Museo Autónomo de Gestión Indígena.
En un escenario de funcionarios y arqueólogos funcionales a la destrucción del patrimonio natural y cultural, el Museo es una herramienta para fortalecer las raíces del territorio y de sus habitantes, una descolonización necesaria para profundizar la resistencia a las grandes empresas invasoras del siglo XXI.
Fuente: Movimiento Punta Querandí
Fotografía: MPQ / Ignacio Smith
