Si bien la medida atempera las difíciles condiciones de reclusión que sufría injustamente la líder de la Tupac Amaru y se convierte en una pequeña victoria sobre la justicia adicta de Gerardo Morales, no deja de ser una medida tan injusta como su encarcelamiento.
En una decisión aberrante, solo pergeñada por una mente pequeña y maligna como la del pequeño gobernador de la provincia norteña, se la confinó en una casa ubicada a 40 kilómetros de la capital, se restringieron sus visitas y se colocó frente a su casa un destacamento de gendarmería.
Desde la CIDH han señalado insistentemente que estas condiciones no son de prisión domiciliaria, sino de confinamiento, y que el gobierno no está cumpliendo con las exigencias de mínima del organismo plurinacional a cuyos mandatos se está obligado a obedecer.
Lo insultante es que este mismo gobierno ha pretendido otorgar a través de su corte suprema de justicia el beneficio de conmutación de pena a criminales de lesa humanidad responsables de crímenes aberrantes y que, además, en los casos en los que se les ha otorgado prisión domiciliaria no se les ha colocado un comando de gendarmería en la puerta, lo que demuestra la afinidad ideológica del gobierno para con ellos.
Los cuestionamientos a la decisión son varios, desde el lugar elegido, que no es su domicilio, hasta las restricciones varias impuestas a la dirigente para recibir visitas.
