Benjamín Cuéllar, uno de los demandantes que logró la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, presentó este 31 de julio una denuncia por tortura en la Fiscalía contra los generales José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova, ambos exministros de la Defensa salvadoreños y el segundo también exdirector de la Guardia Nacional. Las víctimas son Neris González y Juan José Romagoza, por hechos ocurridos entre 1979 y 1980, en los albores de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
La denuncia está construida sobre las evidencias que hace 15 años permitieron a un juzgado en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, condenar al general Vides Casanova y al general García a pagar 20 millones de dólares por permitir u ordenar actos de tortura contra González, Romagoza y otro salvadoreño, Carlos Mauricio, que por ahora no se ha sumado a la demanda.
El general García ya está siendo procesado en El Salvador por la masacre de El Mozote, pero es el primer proceso en este país contra Vides Casanova. La denuncia se produce un año después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia eliminara del marco jurídico la Ley de Amnistía de 1993.
Los archivos de Estados Unidos son clave porque, por ejemplo, fue una corte de ese país la que encontró culpable a Álvaro Saravia, único condenado por el asesinato del beato Monseñor Romero. El de Romero es un caso que también fue reabierto este año en El Salvador, tras la farsa que supuso la investigación en la década de los ochenta y su estancamiento desde los noventa.
La Guardia Nacional y paramilitares capturaron al cirujano Juan Romagoza el 12 de diciembre de 1980, en un caserío de Chalatenango. Romagoza estaba atendiendo campesinos cuando fue herido por miembros de la Guardia y trasladado al cuartel El Paraíso, de donde fue llevado al cuartel central de la Guardia, al nororiente de San Salvador. Permaneció ahí 22 días y fue liberado en enero de 1981.
Romagoza recuerda cómo Vides Casanova, que era entonces director de la Guardia Nacional antes de suceder en 1983 a García como ministro, supervisaba cuando a él lo electrocutaban, le sumergían la cabeza en depósitos con agua, o lo colgaban de los dedos. “En la Guardia Nacional también recibí un balazo en el brazo izquierdo, ellos decían que por izquierdista y para que no volviera a curar a esos campesinos”, dijo a El Faro este lunes, cuando presentó su denuncia en una sede de la Fiscalía.
La otra víctima, Neris González, es una trabajadora laica de la Iglesia católica, que fue capturada el 26 de diciembre de 1979 por miembros de la Guardia Nacional en San Vicente. Fue sometida a torturas durante más de dos semanas. “Después de eso la fueron a tirar a un predio baldío creyendo que estaba muerta. Y la gente se dio cuenta de que estaba ahí porque el niño nació. El niño nació con los huesos quebrados y murió dos meses después, con eso te digo todo”, detalló Cuéllar. El testimonio de ambas víctimas está recogido en el documental de Marcela Zamora, Los ofendidos.
González, quien reside en Estados Unidos, dijo a El Faro que pretende que este sea un “juicio educativo” para las generaciones que no vivieron la guerra. “Con este juicio en tierra natal, queremos que haya justicia a criminales de lesa humanidad. Es muy necesario hacer justicia para limpiar y sanar el país. En El Salvador, hay sectores que se oponen a que hayan un verdadero proceso de reconciliación y sanación a través del establecimiento de la justicia, verdad y reparación, fiel a la historia y a la memoria Queremos dar el ejemplo que sí se puede luchar contra la impunidad”, dijo González.
“No estoy atacando al gobierno actual y tampoco a la Fuerza Armada como institución del Estado”, aclaró González, “sino a personas militares, ejemplo directo: a los exgenerales, que durante su gestión en el poder abusaron y re abusaron de él, e hicieron tanto daño”. Su cruzada también quiere poner a prueba a “sectores de mucho poder y decisión como la gran empresa y los medios de comunicación tradicionales”, respecto a la cobertura que hagan de estos juicios, si es que llegan a esa etapa.
La búsqueda de los archivos
Cuéllar, exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), ahora coordina el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad en El Salvador (LIASIES), confiesa que detrás de estos litigios hay otro objetivo más allá de la consecución de justicia para las víctimas. “Me interesa que esos archivos de la Comisión de la Verdad regresen al pueblo salvadoreño y que la gente pueda conocerlos”, dice Cuéllar.
El informe público de la Comisión de la Verdad fue publicado en marzo de 1993. Consta de más de 200 páginas pero, según Cuéllar, “hay cientos de páginas de investigación por cada caso”, en los archivos de Naciones Unidas, resguardados en la sede de Nueva York, Estados Unidos.
Los archivos de la guerra son, tras 25 años de que se firmaron los Acuerdos de Paz, un asunto problemático en El Salvador. En septiembre de 2013, la Iglesia católica anunció el cierre del Socorro Jurídico para los pobres que creó Monseñor Romero, aunque días después anunció que crearía otra oficina para cumplir esa misma función. En medio de esa polémica, la Sala de lo Constitucional ordenó medidas para la protección del archivo histórico de la oficina de Tutela Legal. En noviembre de ese mismo año, un grupo de personas robaron el arma del vigilante de ProBúsqueda -una asociación que busca y reencuentra con sus padres a niños desaparecidos durante la guerra de El Salvador- y quemaron el archivo de Probúsqueda.
El fiscal general, Douglas Meléndez, ha denunciado además la negligencia de la Fuerza Armada para colaborar en investigaciones de casos de la guerra. “Hemos solicitado mucha información, pero la mayoría de respuestas dicen ‘no se ha encontrado información sobre los hechos. No tenemos bases de datos’”, dijo Meléndez el pasado 19 de julio, en una audiencia que la Sala de lo Constitucional realizó para dar seguimiento a su sentencia sobre la Amnistía.
Por eso Cuéllar insiste en que los documentos no deben ser traídos a El Salvador -“porque puede haber otro incendio”, ironiza-, pero crear una plataforma virtual para realizarlo. El coordinador del LAISIES dice que el sentido político del caso de Neris González y Juan Romagoza es que el peso de la investigación en Estados Unidos impacte en el sistema de justicia salvadoreño. “La plana ya la tienen casi hecha, solo falta que aquí activen el funcionamiento de las instituciones”, dijo Cuéllar.
Esta idea es compartida por Romagoza. “En Estados Unidos había mucha información y documentos y por eso el juez los condenó. Pero no es justo que se investigue a nivel internacional y aquí, en nuestro país, donde estaban cientos de víctimas que (aún) quieren saber qué pasó, por qué lo hicieron, donde están los desaparecidos, las tumbas, los niños que fueron robados y vendidos. (Queremos) que se sepa eso y que haya juzgamiento de todos esos crímenes”, dijo Romagoza.
El proceso en Estados Unidos se inició cuando tanto García -ministro de Defensa entre 1979 y 1983- como Vides Casanova -jefe de la Guardia Nacional desde 1979 hasta 1983- residían en el país norteamericano. Las condenas por violaciones a derechos humanos fueron vitales en sus respectivas deportaciones. Romagoza opina que es una ventaja que ambos estén ahora en El Salvador para que se realicen actos de reparación. “Tal vez no con dinero, pero hay muchas formas de reparar todavía. Hay gente esperando a sus hijos, todavía y no los encuentran. Gente que ha muerto esperando y no se ha podido conseguir la información”,dijo.
Desde la sentencia de inconstitucionalidad de la Amnistía el 13 de julio de 2016, la Fiscalía se ha quejado de la falta de recursos para investigar. Cuéllar cree que esta podría ser otra ventaja para que este caso avance rápidamente: “En la audiencia (de seguimiento) él dijo que la Fiscalía está dispuesta a buscar la información donde haya, donde sea. Solo tiene que pagar el boleto.
Los archivos de la Comisión de la Verdad los resguarda Naciones Unidas y bajo secreto por tiempo indefinido, según una investigación del Woodrow Wilson Center Press (en Washington) y la división editorial de la universidad Johns Hopkins (Baltimore). Cuéllar piensa que la participación del fiscal Meléndez es clave para “empezar a romper el hielo” sobre esos archivos.
El Laboratorio contra la Impunidad también solicitó, el 30 de junio pasado, la apertura de otros dos casos de la guerra civil. Se trata de la desaparición forzada de Patricia Cuéllar, quien fue secretaria del Socorro Jurídico Cristiano, su padre Mauricio Cuéllar, exgerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), y una empleada de él, Julia Orbelina Pérez. Este caso sucedió el 28 de julio de 1983. El LIASIES pidió a la Fiscalía que investigue el delito de desaparición forzada y responsabiliza a la Guardia Nacional de Vides Casanova.
El otro caso es el de la captura y asesinato de seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), quienes fueron capturados el 27 de noviembre de 1980. Cinco de las seis víctimas fueron encontradas asesinadas en Apulo (Ilopango) y una en el parque Centenario, la mayoría con señales de tortura. Este caso está incluido en el informe de la Comisión de la Verdad. La demanda acusa a Guillermo García como ministro, a Eugenio Vides Casanova como director de la Guardia Nacional, a Francisco Morán como director de la Policía de Hacienda, y a Reynaldo López Nuila como director de la Policía Nacional.
Desde la eliminación de la Ley de Amnistía, otros casos han sido presentados a la Fiscalía, como el secuestro de Armando Durán, que acusa al presidente Salvador Sánchez Cerén; y la masacre de la Zona Rosa y el derribo de un helicóptero militar en Chapeltique, ambas acciones atribuidas a la guerrilla. Por este último caso, la Fiscalía giró órdenes de captura el pasado 2 de junio contra los exguerrilleros Santos Guevara Portillo, alias “comandante Domingo”; Severiano Fuentes Fuentes, alias “Aparicio”; y Fermán Hernández Arévalo.
