El grupo de monitoreo Airwars hasta este jueves ha recopilado la muerte de unas 1700 o más personas por ataques aéreos y de artillería de la llamada coalición anti-EIIL, liderada por Estados Unidos, en la gobernación de Al-Raqa desde el mes de marzo pasado.
Lo curioso es que la Corte Penal Internacional de La Haya no se haya involucrado en delitos de guerra tan graves y siempre apunte sus cañones hacia pequeños dictadorzuelos africanos en vez de apuntar a los grandes asesinos mundiales.
Se cree que un mínimo de 860 civiles, entre ellos 150 niños, murieron en Al-Raqa desde el inicio de sus operaciones el pasado 6 de junio para tomar la ciudad, actualmente bajo control de EIIL (Daesh, en árabe). Las fotografías y nombres de muchos de los niños muertos han sido difundidos en las redes sociales por los miembros supervivientes de sus familiares.
El teniente estadounidense Stephen J. Townsend, no obstante, ha considerado públicamente que las cifras de estos informes son "hiperbólicas" y, en marzo, ya había calificado de "no creíbles" los informes sobre las victimas mortales de uno de estos ataques, aunque la coalición no había completado aún su propia investigación.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) posteriormente determinó que el bombardeo podría haber sido uno de los más mortíferos llevados a cabo por la coalición.
En la crítica más seria de la coalición, Townsend ha sido acusado por Amnistía Internacional (AI) de realizar acciones ilegales después de que el general se haya jactado de la mortífera potencia del fuego de la coalición en Al-Raqa.
Townsend dijo al diario estadounidense New York Times que la coalición dispara contra "todas las embarcaciones que encontramos" en el río Eufrates. Esto mientras que según informes locales, los civiles siempre han sido asesinados mientras tratan de escapar de la ciudad a través del río o usar sus aguas para beber. La oenegé ha documentado estos casos en su informe.
Organizaciones, como 'Al-Raqa Está Siendo Sacrificada En Silencio', han denunciando los comentarios de Townsend, y la Red Siria para los Derechos Humanos, que señala en al menos 800 civiles el número de asesinados por las operaciones de la coalición desde el 5 de junio, aseguró que podría proporcionar los nombres de las víctimas inocentes a Townsend si este quisiera.
Los ataques de los cazas de la coalición en territorio sirio no están autorizados por el Gobierno de Damasco ni han sido avalados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
