Los manifestantes sostuvieron carteles que condenaban las medidas, como los nuevos impuestos, el aumento en el costo de los servicios públicos y los recortes a un sistema de pensión pública que acarrea pasivos por casi 50.000 millones de dólares.
“Abusan de nosotros los pobres trabajadores. No robamos. No fuimos corruptos”, decía el afiche de Eva Feliciano, una empleada pública jubilada, de 70 años, quien expresó que a veces no tiene suficiente dinero para hacer las compras en el supermercado para ella y su esposo.
Los manifestantes se congregaron en las afueras la oficina de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada el año pasado por el Congreso de Estados Unidos para “supervisar” las finanzas de Puerto Rico, con el objetivo de “llamar la atención” de las autoridades y buscar respuestas.
“Las medidas de austeridad que se han estado aprobando afectan a todo el pueblo de Puerto Rico”, expresó Luis Pedraza, líder de un sindicato que representa a unos 20.000 trabajadores en el sector privado y público.
El Congreso estadounidense aprobó en junio pasado la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés) que estableció la Junta de Supervisión Fiscal, la cual obligó al Ejecutivo puertorriqueño, Ricardo Rosselló, a recortar drásticamente el gasto social para atender, al menos en parte, el pago de una deuda pública de 74.000 millones de dólares.
La isla de 3,4 millones de habitantes tiene un índice de desempleo de 10 por ciento. Está en recesión desde hace una década, por lo que ha causado un éxodo de casi 450.000 personas al territorio continental de Estados Unidos.
