Luego de enterarse por los medios de un proyecto del Gobierno Nacional de reformar las rutas nacionales y eliminar cabinas de peajes, lo que impactaría de lleno en la actividad dejando unas 2.500 personas en la calle, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y afines (SUTPA) se declaró en “estado de alerta y movilización” e inició gestiones con representantes del Ministerio de Transporte de la Nación y Vialidad Nacional.
Los encuentros dejaron como saldo la apertura de una mesa de diálogo a la que llegarán para resguardar los empleos en los corredores nacionales. “Luego de ambos encuentros, el SUTPA logró ser el único gremio que formará parte de la negociación para discutir un proyecto que atenta contra la fuente laboral de 2500 familias. Es indispensable, por el conocimiento que poseemos de nuestra actividad, que estemos sentados en la mesa donde se discutirá el futuro de los corredores”, explicaron en un comunicado enviado a la prensa.
Será el Ministerio de Trabajo quien interceda y actúe entre el gremio y Vialidad Nacional lo que le confiere un marco de representatividad a las negociaciones.
En paralelo, el gremio denunció ante la cartera laboral el estado de alerta, movilización y asamblea permanente debido a los trascendidos y la amenaza hacia los puestos laborales.
“Hemos sido los primeros en denunciar el mal estado de la infraestructura de las rutas y los accesos y entendemos la necesidad de las obras, pero estas mejoras no deben engrosar los índices de desempleo en un país con el 35% de trabajo informal y más del 30% de pobreza”, agregaron.
Otra de las preocupaciones del sindicato es la aplicación del programa de Participación Público Privada (P.P.P) que está previsto para las licitaciones de concesiones de estos corredores nacionales. Según explicaron no se mencionan “las verdaderas consecuencias” de la Ley N° 27.238, aprobada en septiembre de 2016, que podría derivar en serios perjuicios para el Estado.
“La ejecución del proyecto que propone rutas seguras a través de la Participación Pública Privada, no sólo amenaza con dejar sin trabajo a 2500 familias sino que además atenta contra las Pymes, la mano de obra nacional y expone al estado a ser garante del privado, para asumir los riesgos que puedan surgir a futuro. Esta ley no sólo beneficia el ingreso de capitales extranjeros, sino que además excluye casi en su totalidad a la Industria Nacional”, concluyeron.
