Una vez más la avanzada violenta, cargada de cinismo y odio, se abate sobre la Universidad de las Madres. El conjunto que le da vida a la institución le sigue llamando así -el nombre a partir de la nacionalización mediante la ley N° 26995 de 2015 es IunMa, Instituto Universitario Nacional en Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo-, porque la impronta otorgada por sus fundadoras es y seguirá siendo una marca distintiva de su espíritu, de su materialidad y del compromiso de sus estudiantes, docentes y personal no docente con los Derechos Humanos y con las desvalidas y desvalidos del mundo.
El objetivo del rector interventor, Javier Buján, no solo es vaciar la Universidad -el año pasado sufrió un recorte presupuestario de entre el 75 y el 80%- sino que procura efectuar una purga que le permita modificar los planes de estudios licuando los objetivos que perseguía la Universidad cuando fue creada. Para ello está despidiendo docentes que han sido fundamentales en la construcción de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y vertebradores a la hora de la creación del Instituto Universitario, como así también a quienes sostenían una orientación amplia, heterodoxa y comprometida con las vicisitudes políticas que atentan contra los Derechos Humanos, contra las organizaciones de Derechos Humanos y contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Una de las excusas para despedir docentes radicaba en que algunos de ellos poseían título terciario, pero a la hora de ser reemplazados, aceptaron profesionales con un título habilitante idéntico.
En los casos en los que no pueden aducir ningún motivo para el despido, en los que sobran palmares académicos y trayectoria, esgrimen como motivo de despido barbaridades del tipo “No me saludo por el pasillo”. En otro de los casos, Buján le comunicó al Director de la Carrera de Historia, Mauro de Toma que no querían más como docente a Juan Francisco Martínez Peria, quien además de docente es delegado de la carrera de historia, con una formación académica incontestable - Doctor en Historia (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Magister en Historia (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Magister en Ciencia Política y Sociología (Flacso), Becario Postdoctoral Conicet Ravignani-UBA, Docente UBA y UNSAM.)- y es uno de los que cuentan con mayor antigüedad en la institución. Esta arbitrariedad provocó la renuncia de Mauro de Toma, Director de la carrera de Licenciatura en Historia, ya que decidió no ser partícipe del macartismo amarillo.
En total son 28 los despidos que se le comunicaron informalmente al Director de la carreta de Historia, expulsiones que no fueron ni confirmadas, ni negadas por las autoridades, quienes se obstinan en evitar una reunión con los representantes elegidos por la comunidad educativa. 26 de ellos son de la carrera de Trabajo Social.
El año pasado, a raíz de una protesta pacífica de estudiantes, docentes y personal docente, se firmó un acta de acuerdo en el que el Interventor se comprometía a aplicar la ley de creación del Instituto Universitario, la cual prevé la adjudicación de un edificio propio donde brindar clases con las condiciones mínimas como para hacerlo. Eso no ocurrió. Debido a ello los estudiantes cursan sus materias hacinados en múltiples sedes inadecuadas y distantes una de otra, entorpeciendo el ritmo de cursada e impidiendo, por cuestiones de distancia, que un/a estudiante pueda cursar algunas materias en horario corrido, retrasando de esa manera toda su carrera.
En el caso de los estudiantes, además, se les vulnera el derecho de seguir cursando la carrera que eligieron en base a un programa que fue aprobado y el cual está siendo sometido a modificaciones de tipo estructural que le imprimen una orientación ocultista y neoliberal, sin opción a otras miradas y paradigmas de observación que sí incluyen los actuales programas de estudios. Además, señaló Diego Guidi, delegado de la carrera de historia del Centro de Estudiantes, el Instituto no está aceptando las tesinas finales para que los estudiantes puedan recibirse y no están entregando los títulos a aquellos estudiantes que sí se han recibido el año pasado y el anterior.
Belén Sarubbi, presidenta del Centro de estudiantes, dice que el total de los estudiantes, están pidiendo “la creación de un Consejo Consultivo hasta que se cree el Consejo Superior de acuerdo con el estatuto vigente”. Además, el Centro de Estudiantes también pide que designen de una vez a los docentes para poder elegir ese Consejo Superior.
Tampoco es el único punto del acuerdo no cumplido. La Secretaria General de Adiunma (Asociación de Docentes IunMa), la Dra. Florencia Greco nos dijo que: “Hay que recordar que desde que esta Buján no se han creado expedientes de pago, aunque nuestras facturas fueron entregadas en tiempo y forma” (cabe destacar en este punto, que los docentes están precarizados y cobran a través de facturas de locación). El conjunto de la población universitaria solicitó a través de sus representantes una reunión formal con el rector “organizador” (así se denomina el cargo oficial) y la misma fue negada.
En tren de arrasar con el legado de las Madres, también a los trabajadores no docentes les llegó la persecución, incluyendo un caso en el que el despedido se hallaba con licencia psiquiátrica. Los trabajadores denuncia que se vulneran continuamente sus derechos laborales y a la educación pública. La/os laburantes y la/os estudiantes coinciden en caracterizar al rector como “autoritario, unilateral y violatorio de todo derecho, a pesar de basar su argumentación en argucias legales” que lo ponen en un lugar más cercano a Fidel Pintos y su personaje Sanata que en el rector del único Instituto Universitario de Derechos Humanos de América Latina.
No alcanzan las páginas de un diario para describir la impronta de desguace y sustitución que el gobierno, a través de sus funcionarios, está realizando en el terreno de los Derechos Humanos. Las barbaridades que salen de la boca de Massot, llamando a una reconciliación al estilo post-apartheid, son solo las palabras que en la Universidad de las Madres encuentran materialidad en el intento de sustitución de una posición en cuanto a los Derechos Humanos, posición en la que el que el genocida debe pasar sus días en prisión y en la que el Estado fue responsable de la desaparición de 30000 personas, de la apropiación de sus hija/os y en una infinidad de violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura cívico-eclesiástica-militar, por la teoría de los dos demonios, perimida y colmada de negacionismo; primer paso para la instalación a largo plazo de una memoria inventada en la que los asesinos son convertidos en héroes que salvaron a la Nación del monstruo rojo.
SI todo lo dicho anteriormente es preocupante, más lo es cuando lo que se presencia no es la violación de un acuerdo hecho por el gobierno anterior, sino el desdén por la palabra empeñada y por el documento firmado por parte del mismo que dio su palabra y rubricó un acta: el actual personero de Angelici en la dirección de la universidad, el interventor Javier Buján.
Por Adrián Dubinsky, Periodismo Militante
