“Consideramos que el restablecimiento de los derechos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta solo podrá lograrse con orden expresa de revocatoria del indulto”, expresó Paulo Abrao, representante de la CIDH, en la audiencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evaluó el cumplimiento de las sentencias sobre tales casos.
Abrao añadió que la ilegitimidad del indulto resulta evidente al haber ocurrido en un contexto de crisis política que vivía el Perú, debido a la moción de vacancia presidencial discutida en el Parlamento.
El Estado Peruano tenía otras alternativas para la atención médica de Alberto Fujimori, si la preocupación era su salud, acotó.
El representante de la CIDH también consideró que la reconciliación en el Perú tendría que ser entre el Estado y los familiares de las víctimas, pero el indulto no incentiva un proceso de esta naturaleza y, más bien, tiene un efecto inverso.
Por su parte, Luis Ernesto Vargas, también representante de la CIDH, refirió que lo ocurrido en los casos Barrios Altos y La Cantuta implicó ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, consideradas graves violaciones a los derechos humanos.
Bajo esa premisa, recordó que el derecho internacional activa la prohibición de aplicar figuras legales como la prescripción, amnistía o indulto cuando se está ante ese tipo de delitos.
