En cumplimiento del artículo 2 de la ley 26.122 la comisión bicameral integrada por 16 miembros (8 diputados y 8 senadores) analizarán los decretos del Poder Ejecutivo Nº 979/2017; 1076/2017; 1077/2017; 1013/2017 y 27/2018.
La comisión bicameral está dividida en un firme oficialismo y en una oposición dividida en 3.
Por parte de Cambiemos ingresaron los senadores Luis Naidenoff, Silvia Giaccopo y Pedro Braillard; y los diputados Pablo Tonelli, Fernando Iglesias, Ezequiel Fernandez Langan, Martín Fernandez y Luis Petri.
En la oposición, dueña de los 8 lugares restantes está conformada por la senadora Anabel Fernández Sagasti y los diputados Máximo Kirchner y Marcos Cleri por el Kirchnerismo; el partido Justicialista está representado por el diputado Pablo Kosiner y los senadores María Teresa Gonzalez, Daniel Lovera y Guillermo Snopek; y completa la nómina opositora la senadora María Fiore Viñuales del Partido Renovador.
Uno de los decretos más controversiales a tratar por la comisión es el 27/2018 denominado “De desburocratización del Estado” que modifica 140 normas y deroga 19 leyes.
Desde distintos sectores han rechazado el decreto de desburocratización. Romina del Pla (PO) presentó un proyecto que propone la anulación del DNU; desde el Frente Renovador también denunciaron la inconstitucionalidad del DNU ante el Palacio de Justicia. “Es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia. Esto tranquilamente se puede tratar por las vías de la ley, que es la discusión parlamentaria, que es la más rica. El Congreso funciona, se puede debatir y ganar o perder una discusión, pero de golpe nos encontramos con una ley que modifica leyes, deroga otras, elimina normas. Una preocupación grande porque se embarguen los sueldos de los trabajadores, no solo sobre pedidos de créditos, sino sobre boletas de servicio” expresó la presidenta del Bloque, Graciela Camaño.
El tratamiento de los decretos en Comisión activan nuevamente el Congreso. Cabe destacar que luego continuarán debatiéndose en sesiones ordinarias a partir de Marzo. Los decretos son válidos hasta que sean rechazados por ambas cámaras del Congreso de la Nación.
