El informe más reciente de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) indica que de abril de 2016 a marzo de 2017 más de 1,2 millones de féminas de entre 15 y 60 años fueron maltratadas por sus parejas o familiares, cantidad que representa más del 60 por ciento del total de los casos registrados.
Durante ese período, 82 mujeres y 13 hombres fueron asesinados por sus cónyuges o excompañeros y en los últimos cuatro años la policía reportó 549 fallecidos por esos motivos, de los cuales 401 (73 por ciento) eran del sexo femenino.
Según la ONS, los datos mencionados ofrecen solo una imagen parcializada del problema, cuya dimensión real es mucho mayor.
Indagaciones realizadas en Inglaterra y Gales apuntan que cuatro de cada cinco ciudadanos abusados por sus parejas no presentan quejas por lo sucedido, por lo que muchas agresiones no son procesadas y vuelven a repetirse.
Lo anterior es frecuentemente denunciado por organizaciones no gubernamentales que alertan sobre el incremento de la inseguridad en los hogares británicos y los fallos en el sistema judicial.
El 8 de marzo, miles de personas salieron a las calles de ese país para exigir el fin de la violencia de género y la primera ministra Theresa May prometió combatir esos crímenes e implementar una ley para garantizar el castigo a los culpables y la protección a las víctimas.
'Quiero que todos vivan libres de esa amenaza y que los niños crezcan en un ambiente seguro. Espero que nuestro trabajo conlleve a un cambio importante en la sociedad', afirmó la jefa de Gobierno y anunció el desarrollo de consultas sobre nuevas normativas y medidas.
Por primera vez, llevaremos a los estatutos una definición de violencia doméstica que incluye el abuso más allá de los ataques físicos. No dejaremos que se trivialicen otras formas de intimidación, señaló.
Además, precisó que la ley reconocerá el impacto devastador de ese delito en las familias, al disponer penas más severas en casos que afecten a menores de edad.
También será creado un departamento encargado de aplicar medidas preventivas y llevar a los organismos públicos a un proceso de rendición de cuentas.
Asimismo, se implementará un esquema de divulgación que permitirá a los ciudadanos conocer si su pareja tiene un historial delictivo.
May informó que fueron destinados 20 millones 400 mil euros a la habilitación de refugios para quienes huyen de la violencia, iniciativa que beneficia a alrededor de 19 mil individuos. Facilitaremos los fondos necesarios para que esos lugares continúen funcionando. Estamos dispuestos a trabajar con organizaciones benéficas para ayudar a las personas afectadas. Ninguna mujer o niño debería vivir con miedo, aseveró.
Como en ocasiones anteriores, la líder conservadora prometió acabar con ese flagelo y reafirmó la intención de brindar mayor apoyo a las familias afectadas.
Sin embargo, entidades como el Partido por la Igualdad de las Mujeres (WE) criticaron la ausencia de un enfoque integral para combatir esa problemática, su simplificación y la falta de acciones eficaces, capaces de promover un verdadero cambio social. La violencia contra las féminas es causa y consecuencia de la desigualdad de género y no puede ser eliminada solo mediante el procesamiento de los culpables. Debemos analizar y enfrentar las brechas económicas y la situación política que permiten que ese flagelo prospere, señaló ese organismo en un comunicado.
Apoyamos la inclusión en la ley de una definición más amplia de abuso doméstico, pero es frustrante que los estatutos se centren únicamente en ese tipo de agresión, cuando existen varios tipos de ataques contra nosotras y todos están interconectados. Todavía queda mucho por hacer para que el sistema de justicia funcione mejor en ese sentido, añadió.
El WE también lamentó que ninguna normativa esté orientada a proteger a las mujeres migrantes, muchas de las cuales huyen de la violencia y no encuentran en Reino Unido la ayuda necesaria.
Hace 100 años las británicas conquistaron el derecho al voto, pero, pese a los grandes avances en la lucha por la igualdad, todavía hoy las mujeres en el Reino Unido son marginadas y mal representadas. La disparidad salarial y el acoso sexual son algunos de los asuntos pendientes. Los viejos partidos no reconocen aún la necesidad del cambio; de hecho, muchas veces son parte del problema, apunta el documento.
Por su parte, la organización Sister Uncut, opuesta a los recortes de la administración de May, denunció que la política de austeridad del gobierno repercute negativamente en iniciativas como la habilitación de más centros para brindar refugio a las víctimas.
En 2016 y 2017, el 60 por ciento de las féminas que acudieron a esas instalaciones fueron rechazadas, muchas veces por la falta de recursos y camas para acogerlas, y en la actualidad más de la mitad de esos espacios pueden cerrar debido a la falta de financiamiento.
A finales de octubre del año pasado, un escándalo de abuso sexual sacudió el parlamento y gobierno británicos y funcionarios de alto rango se vieron obligados a renunciar por su implicación en el mismo, entre ellos el entonces ministro de Defensa Michael Fallon y el primer secretario de Estado, Damian Green.
Lo sucedido propició la denuncia de casos similares en otros niveles y fue divulgado que más el 50 por ciento de las mujeres británicas sufren acoso en escuelas y centros laborales.
Además, se conoció que unas 54 mil embarazadas y madres trabajadoras son obligadas a abandonar sus puestos laborales cada año y solo el uno por ciento de esos casos llega a los tribunales.
Resulta contradictorio que esto suceda en un país donde están en manos de mujeres la jefatura del Estado (reina Isabel II) y la de Gobierno (May), la Policía (Cressida Dick), el Ministerio de Interior (Amber Rudd), de Trabajo y Pensiones (Ester McVey) y Desarrollo Internacional (Penny Mordaunt), la Cámara de los Lores (Natalie Evans) y la de los Comunes (Andrea Leadsom), la secretaría para Irlanda del Norte (Karen Bradley) y el gobierno local de Escocia (Nicola Sturgeon), entre otros importantes cargos.
Las agrupaciones defensoras de los derechos de las féminas reconocen en la aprobación de la nueva legislación un paso de avance, pero advierten que se trata de uno muy pequeño en comparación con la magnitud del problema, cuya solución requiere de acciones de mayor impacto y de la participación de todos los sectores de la sociedad.
Por Glenda Arcia, PL
