Las escuchas telefónicas ilegales a familiares de Maldonado, amigos e integrantes mapuches de la comunidad Resistencia Cushamen, fueron ordenadas en plena búsqueda del artesano por el juez federal de Esquel Guido Otranto, quien conducía la investigación hasta que fue apartado y reemplazado por Lleral.
La semana pasada Lleral ordenó la destrucción de los audios pero ayer la fiscal Ávila apeló la decisión, con el argumento de que las escuchas tienen información sobre supuestos falsos testimonios y plantado de pistas para obstruir y desviar la investigación del caso Maldonado.
Esta acusación de Ávila fue dirigida a mapuches que testimoniaron que a Maldonado lo secuestró Gendarmería en un violento ingreso a Resistencia Cushamen, además de un amigo de la víctima, quien aseguró que alguien atendió un llamado que hizo al celular del artesano, y de integrantes de la comunidad mapuche.
También investigó el juez Lleral las escuchas ilegales a Sergio Maldonado y a su esposa, Andrea Antico, con el supuesto propósito de conocer sus movimientos y acciones mientras estaba en marcha la búsqueda del tatuador, que desapareció el primero de agosto del año pasado y fue hallado muerto 78 días después en el río Chubut, cerca de donde se había cumplido el operativo denunciado.
Sergio Maldonado dijo a Télam que la familia “está de acuerdo” con la decisión de Lleral y dijo que la justicia debe garantizarles “cómo se van a destruir los audios”.
“Además, queremos saber qué pasará con quienes tienen copias (de los audios), como (el diario) La Nación, que ya publicó escuchas de un testigo y mis conversaciones”, agregó el hermano de la víctima.
Consideró que si Otranto no ordenaba el espionaje en sus teléfonos “las conversaciones no hubieran sido publicadas” y se preguntó quién le dio los audios a La Nación y a otros medios que también tuvieron acceso a ese material.
Además, anticipó que la familia pedirá mañana la recusación de Ávila por esta actitud hostil a la familia, que se considera “doblemente víctimas, por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa”, como publicaron el sábado en un comunicado.
