El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el martes que “en Maracay la empresa Kellogg”s, en manos de inversionistas mexicanos, amaneció con las puertas cerradas y le depositaron en las cuentas las prestaciones sociales a los trabajadores, lo cual es absolutamente inconstitucional e ilegal”.
Ante esta situación, informó, funcionarios del Gobierno Nacional, a través de los ministerios del Proceso Social del Trabajo y Economía y Finanzas, “abrieron la empresa y se la entregaron a los trabajadores. La empresa está produciendo con la clase obrera industrial”.
El martes un cartel colocado en la puerta de acceso a la planta de Kellogg’s señalaba: “Informamos que Alimentos Kellogg’s Venezuela se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país con efectos a partir de hoy martes 15 de mayo de 2018”.
Un comunicado de la compañía señaló que “todos los activos, compromisos y garantías legales han sido cubiertos por Kellogg a favor de sus empleados, clientes y proveedores”, pero lo cierto es que los operarios no fueron avisados de esta decisión.
Por la mañana, al inicio del horario laboral, unos 300 trabajadores se encontraron con la reja de la fábrica encadenada y un aviso de cierre.
Tras esta acción Maduro adelantó que desde el Ejecutivo “vamos a iniciar acciones judiciales para solicitar el código rojo a los dueños accionistas de la empresa Kellogg’s para que paguen en los tribunales y en la justicia”.
El mandatario dijo que los empresarios “tienen que respetar las leyes de Venezuela, tienen que respetar a los trabajadores y a las familias de los trabajadores”.
“Tenemos que defender el sistema de protección y seguridad social, tenemos que ir a grandes cambios en la economía”, resaltó maduro tras este anuncio.
Denunció que estas acciones de abandono de sus responsabilidades empresariales “la hacen porque estamos a cuatro días de las elecciones y creen que el pueblo se va asustar”.
