“Agua que no has de beber déjala correr” dice un conocido refrán. Con ese mensaje cientos de salvadoreños denunciaron las aguas turbias que se mueven dentro del Congreso y que, según dicen, apuntan a la privatización del líquido vital.
Esta semana la Asamblea Legislativa retomó la elaboración de una Ley de Agua. Su parte más controversial y por la que ha estado estancada por varios años es establecer quién regulará todo lo relacionado al recurso hídrico.
La Ley se discute sobre una propuesta elaborada por la gremial empresarial ANEP y respaldada por la derecha; desechando 92 artículos que ya habían sido discutidos y aprobados por consenso en la legislatura anterior con insumos del Gobierno, organizaciones sociales y académicos.
Sectores como la construcción y la agroindustria serían los interesados en la mercantilización del agua, según denunciaron los ambientalistas durante la marcha que recorrió el centro capitalino y que tuvo como punto de llegada el Congreso.
Para los ambientalistas una ley como la que se discute sería el tiro de gracia a la ya crítica situación hídrica del país.
En el 2016 el relator especial de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en esta materia, recalcaba ya, la urgencia de contar con un marco legal estableciendo procesos participativos en su construcción, además de reconocer explícitamente en la legislación los derechos humanos al agua y al saneamiento.
