El 13 de agosto serán los alegatos y finalmente habrá un cuarto intermedio hasta el dictado del veredicto.
“Desde la implementación del fuero Contencioso Administrativo ha existido siempre una gran conflictividad con la Suprema Corte, empezando por la demora de más de 5 años en la toma de juramento a quienes fuimos nombrados por concurso y continuando por sanciones y sumarios administrativos recurrentes (muchos de los cuales hoy forman parte de la acusación en este juicio) además de la escases de recursos materiales para el funcionamiento del fuero. Toda esa conflictividad histórica con la Corte también está aquí, en este debate”, afirmó Luis Federico Arias al comienzo de su intervención.
Su testimonio se produjo por la tarde del miércoles 8 luego de las declaraciones de Julián Axat, el ex defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata -que presentó ante el juzgado de Arias una serie de diligencias preliminares y un posterior recurso de habeas data colectivo en el marco de las inundaciones del 2 y 3 de abril de 2013-, el intendente Julio Garro -explicó una acción de amparo presentada ante el magistrado en 2009 en el marco de las elecciones legislativas-, el auxiliar letrado del Juzgado 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Santiago Massolo y el fiscal penal departamental, Álvaro Garganta, entre otros.
Sentado frente al Jurado de Enjuiciamiento –que preside el titular de la Suprema Corte, Eduardo Pettigiani, y lo integran los legisladores Santiago Révora, Jorge D’Onofrio, Pablo Garate, Roberto Costa y Walter Carusso, además de los abogados bonaerenses Fabián González, Diego Molea, Osvaldo Pisani, Ambrosio Luis Bottarini y José Alberto Apaz- Luis Arias realizó una pormenorizada defensa respecto a su actuación como magistrado frente a los 21 cargos que se le imputan.
“En la causa por las inundaciones, el juez Atencio requirió a la Corte la inhibición de actuar para el fuero Contencioso Administrativo, solicitud que fuera rechazada convalidando ambas competencias. Desde aquél momento yo creí que lo de Atencio lo había armado el Poder Ejecutivo de la Provincia para frenar el avance de la investigación nuestra que buscaba la verdad sobre los fallecimientos y los registros públicos de la morgue y el cementerio de La Plata”, describió.
En ese sentido, Arias recordó al jurado que dos veces la Suprema Corte confirmó la competencia contencioso administrativo, y que los fiscales penales (especialmente Jorge Paolini, de la exUFIC 8 de La Plata) sí violaba la competencia del juzgado de Arias ya que difundía públicamente una versión de cantidad de víctimas en base al registro del Ministerio de Seguridad: “La tergiversación llegó a tal punto que hasta el diario El Día habló de una ‘investigación paralela’ iniciada por Arias, distinta a la de los fiscales, cuando en realidad esa materia correspondía a la causa que tramitaba en nuestro juzgado”.
Por otra parte, respecto a una causa iniciada por la Comisión Provincial por la Memoria sobre entierros en el Cementerio de La Plata doblemente asentados en el Registro de las Personas, el magistrado recordó que “descubrimos que allí se hacía cualquier cosa. Denunciamos penalmente a un fiscal que había ordenado la comisión de semejante irregularidad, también denunciamos a los policías involucrados en los registros dobles, pero todas esas causas fueron archivadas, incluso algunas de manera inmediata”.
Mientras Arias avanzaba en su exposición, el abogado de la acusación, el procurador bonaerense Julio Conte Grand, quiso interrogar a Arias. “¿Ya terminó?”, preguntaba en cada ocasión. “No, pero puedo responder preguntas y luego continuar”, respondía el acusado. Y la respuesta siempre fue la misma: “No, entonces me reservo las preguntas para el final”.
Para el magistrado suspendido, “los abogados tenemos una formación basada en el positivismo jurídico que nos aleja de la realidad social sobre la que actúa el derecho. Así, se recortan las dimensiones éticas, morales, políticas e históricas de la sociedad. Por eso digo que el positivismo es la castración del derecho”.
“No hay una única solución jurídica para cada caso, sino un rango de racionalidades posibles y, a mi modo de ver, deben prevalecer siempre los derechos fundamentales de las personas frente a la reglamentación administrativa en materia de competencia”, agregó luego de enfatizar que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias.
Cabe recordar que las audiencias comenzaron el viernes pasado, a 8 meses del inicio del juicio contra el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, en el marco de un proceso de enjuiciamiento en el que se decidirá la continuidad o no del magistrado que fue clave para el descubrimiento del total de fallecidos durante la última gran inundación en La Plata, entre otras causas relevantes.
La CPM es veedora del proceso
La CPM reafirma su solidaridad con el juez Arias ante el arbitrario jury en su contra y reitera su preocupación ante el avance de este tipo de enjuiciamientos respecto a las interpretaciones y fallos de los magistrados, especialmente cuando están atravesados por notoria debilidad en las acusaciones.
En su labor como juez contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias cumplió cabalmente con su deber de garantizar el acceso a la justicia y defender los derechos humanos de los ciudadanos que reclaman al Estado. El juez ha denunciado, en más de una oportunidad, el accionar arbitrario e ilegal de las fuerzas policiales y dictado sentencias en ese orden.
Asimismo, se ha pronunciado en cuestiones medioambientales, reclamos por el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la manifestación pública, entre otras. También realizó un destacado trabajo en pos de la verdad y la justicia en la investigación iniciada por la inundación del 2 de abril de 2013.
Cabe recordar que desde noviembre de 2017 el juez Luis Arias está suspendido de su función por la decisión del tribunal que deberá decidir su destitución en el marco del juicio político iniciado en su contra.
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