Con numerosas movilizaciones, el movimiento independentista catalán evocó este lunes el primer aniversario del referéndum de secesión del 1 de octubre de 2017, que desató una crisis institucional sin precedentes en este país europeo.
Creada por agrupaciones civiles, la Plataforma 1 de Octubre protagonizó los principales actos en Barcelona, la capital de Cataluña, con réplicas en otras ciudades de la rica comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes.
Entre las organizaciones sobresalieron las más activas dentro de este movimiento, como la Asamblea Nacional Catalana, Amnium Cultural, Asociación de Juristas por la República, Federación de Estudiantes de Cataluña y los denominados Comités de Defensa de la República.
Bajo el lema Recuperemos el 1-O (1 de octubre), la manifestación central discurrió desde la Plaza de Catalunya hasta la sede del parlamento regional para reivindicar el cumplimiento del mandato del polémico referendo, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.
En la citada plaza, en el centro de la llamada ciudad condal, los manifestantes desplegaron una enorme pancarta en la que podía leerse en inglés 'La autodeterminación es un derecho humano'.
La Guardia Urbana -policía municipal barcelonesa- cifró en unos 180 mil los asistentes a la multitudinaria movilización, en la que los partidarios de la secesión llevaban banderas separatistas (esteladas), carteles y camisetas reivindicativas.
Además, portaron lazos amarillos, símbolo adoptado para pedir la excarcelación de los nueve políticos independentistas presos por su papel en la consulta soberanista, y exhibieron urnas de plástico como las utilizadas hace un año en la votación convocada por el gobierno catalán.
Hubo también cánticos contra la prensa española y los cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), a los que los manifestantes acusaron de manipuladora y de fuerzas de ocupación, respectivamente.
Hace un año, el entonces ejecutivo autonómico encabezado por Carles Puigdemont organizó un referéndum suspendido de antemano por el Constitucional español, que estuvo marcado por la violencia policial contra votantes inermes para impedir su celebración.
Esa votación, que según el gobierno catalán se saldó con un 90 por ciento de 'síes' a favor de la secesión y una participación del 43 por ciento, sirvió para que el parlamento regional declarara el 27 de octubre una efímera república independiente.
Pese a que la consulta se realizó sin garantías ni reconocimiento internacional y fue boicoteada por los unionistas, Puigdemont la consideró un mandato para declarar unilateralmente la independencia.
El entonces presidente del Gobierno de España, el conservador Mariano Rajoy, respondió a ese desafío con la destitución esa misma jornada de Puigdemont y de todo su gabinete, al tiempo que la justicia procesó a 25 responsables del plan separatista.
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