Durante la semana pasada, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, fue entrevistado por Canal 26, ocasión en la que aseguró que "lo que viene para diciembre" en la Argentina es un "estallido" por la inflación, por lo que fue citado por el fiscal federal Pablo Larriera para que se presente en la Fiscalía Federal General de Mar del Plata, ubicada en Viamonte 2216, el próximo jueves 18 a las 11.
“Los conflictos se van a acelerar, la plata cada vez va a ser menos y no es que uno meta más miedo, cuanto más pronto el 2015 mejor. El tiempo político, de los políticos, no es el tiempo nuestro”, auguró el líder de los gastronómicos, al tiempo que aseguró que "la Presidenta dijo que si la inflación llegaba al 25% estallaba la Argentina y vamos a estar en 40 por ciento de inflación", por lo que según él, "la que preanunció lo que viene es la propia Presidenta".
Según el Código Penal argentino, estas declaraciones podrían afectar el orden público, por lo que Barrionuevo estaría incursionando en distintos delitos que afectan ese bien jurídico de interés general para la sociedad y la vida en democracia.
El Código Penal, en su artículo 209 considera que todas acción se considerará como una instigación a cometer delitos quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”, y prevé la prisión de dos a seis años, según la gravedad de la acción.
Asimismo, el artículo 211 establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
Las declaraciones del dirigentes gremial, también podrían encuadrarse en el delito de incitación a la violencia, y contaría con una una pena de prisión de tres a seis años, según el artículo 212 de ese código.
Según el Código Penal argentino, estas declaraciones podrían afectar el orden público, por lo que Barrionuevo estaría incursionando en distintos delitos que afectan ese bien jurídico de interés general para la sociedad y la vida en democracia Barrionuevo fue protagonista de otra acción violenta durante 2003, cuando sus seguidores impidieron que se realizaran los comicios en la provincia de Catamarca, ante lo que el dirigente entendía como una "proscripción" de su candidatura.
Previo a las elecciones provinciales de marzo de 2003, la justicia de Catamarca bloqueó la participación del sindicalista, ya que no cumplía con los cuatro años de residencia efectiva que establece la Constitución local.
El dirigente gastronómico amenazó entonces que "si no hay boletas del PJ, no hay elecciones" y sus seguidores se lanzaron a las calles el día de las elecciones para realizar bloqueos que entorpecieron la jornada electoral y sembraron el miedo entre los catamarqueños.
Además de los piquetes y bloqueos, las cámaras de televisión registraron que en varios departamentos del interior de la provincias el asalto a varias escuelas donde personas identificadas con el sindicalista robaron y prendieron fuego las urnas.
Por estas acciones, las elecciones debieron postergarse y finalmente se llevaron a cabo el 24 de agosto, cuando resultó electo gobernador Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social) con el 50% de los votos.
