Las organizaciones denunciantes son la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem),la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), las Cooperativas Agropecuarias Federdas de entre Ríos (Cafer), la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica (Fadia) y la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada (Facal), las que alegan prácticas “discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores”.
Las observaciones se centran sobre los contratos para la adquisición y utilización de semillas con tecnología RR2Y y RR2YBt, en los que se establecen exigencias que condicionan la venta de la variedad de semilla de soja por parte de la empresa Monsanto, a la que le atribuyen “conductas que restringen la competencia en perjuicio para el interés económico general”.
El tipo de semillas Intacta RR2 Pro es presentada por Monsanto como la nueva biotecnología que provee a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos y simplicidad de manejo, y que permite la menor utilización de insecticidas.
Para las entidades agrarias, los contratos que Monsanto exige firmar con los compradores de este tipo de semillas “condicionan a los adquirientes y a sus posteriores acciones o ventas, interviniendo así en toda la cadena de producción y comercialización”.
En particular, consideran que en los contratos se restringe la venta de la producción sólo a los comercializadores autorizados por Monsanto, que son tres Asociados Don Mario S.A., Nidera S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas, y se restringe geográficamente la siembra de las semillas a algunas provincias del territorio nacional.
También se entiende que se acota la comercialización del grano obtenido exclusivamente a los exportadores o elevadores participantes del sistema y se obliga al comprador a pagar la regalía por este tipo de tecnología por cada uso de la misma: al momento de la compra, al momento de la declaración y siembra para uso propio o al momento de la entrega al elevador o exportador.
“El sistema de comercialización de estas tecnologías es establecido por Monsanto, quien determina quiénes pueden comprar y acopiar el grano y quiénes no y regula así la totalidad de la cadena productiva”, denunciaron las entidades al agregar que “se le concede el derecho de inspeccionar los lotes de los productores y los cargamentos”.
Al respecto Esteban Motta, de Fecofe, manifestó que “la biotecnología debe ser parte de un proceso de desarrollo nacional inclusivo y con accesibilidad a los distintos sectores de la cadena. Los contratos que promueve Monsanto son una herramienta que avanza en la concentración, no solamente para quedarse con el control de la tecnología y el desarrollo tecnológico sino también con el control de la comercialización y del desarrollo del sector agropecuario de la Argentina.”
Por su parte, Raúl Pagnoni, presidente de Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, señaló que “complementariamente a la presentación de la denuncia contra Monsanto se solicitó a la Comisión de Defensa de la Competencia que adopte medidas de carácter provisional previstas en el artículo 35 de la ley 25.126 a fin de ordenar el cese de la conducta lesiva durante la tramitación del procedimiento”.
La multinacional Monsanto, en tanto, explicó ante una consulta de Télam “que la denuncia de concretarse quedará desfasada de la realidad tras la presentación que hizo la semana pasada la empresa respecto a la flexibilización de las condiciones comerciales y el acceso de los productores a las semillas de soja con tecnología Intacta RR2 PRO”.
La empresa explicó que dispuso “una campaña comercial más adaptada a la realidad actual del productor” que permite ampliar las condiciones de pago con alternativas de financiación, adapta los tiempos de pre campaña otorgando mayor flexibilidad y reduce el precio a pagar al momento de la entrega del grano a 15 dólares por tonelada.
Monsanto aseguró que las nuevas condiciones comerciales permiten el “desarrollo de alternativas de pago adicionales para esta y futuras campañas, que permiten a los productores pagar por hectárea, independientemente de su productividad”.
Además, aclaró que el pago de la tecnología se realizará cuando se adquiere la bolsa de semilla certificada, dando al productor una cantidad de kilogramos libres para entregar su producción, al tiempo que se desarrollan alternativas de pago de la tecnología por hectárea sembrada con semilla certificada o de uso propio, que libera al productor del control en la entrega del grano y evita la segregación de tecnologías.
Más allá de las aclaraciones de la multinacional, los distintos sectores de la cadena que resultan denunciantes anticiparon que solicitarán a la Comisión de Defensa de la Competencia “que adopte medidas para el cese de prácticas discriminatorias y que dificultan la permanencia en el mercado de múltiples actores, generando una situación de dependencia comercial”.
En ese sentido, consideraron que esta situación permite “el aumento unilateral de costos” y en consecuencia “una limitación de la capacidad productiva de las empresas que operan en la cadena”, al ser Monsanto -según la denuncia- la que “selecciona los eslabones actuantes en cada eslabón, y desplaza al resto de los competidores”.
También aseguraron que “no se pudo comprobar que el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual haya concedido a Monsanto el derecho de patente sobre la construcción genética que rinda resistencia al glifosato y sobre la nueva tecnología Intacta RR2 Pro, a pesar de que la empresa lo dice públicamente”.
