El presupuesto destinado a la Justicia fue el año pasado en términos reales 215% superior respecto de 10 años atrás, aseguró un análisis del Geenap.
"Los problemas en la administración, eficiencia y calidad de la gestión de la Justicia parecieran no responder a un desfinanciamiento por parte del Estado" El relevamiento, realizado por los economistas Bárbara Mora Doldan y Jerónimo Rodríguez Use, indicó que si se compara con Chile, "se advierte un esfuerzo presupuestario superior en Argentina".
En este sentido, precisaron que, para este año, mientras que en Argentina el presupuesto del Poder Judicial
representó 0,33% del Producto Interno Bruto (PIB); en Chile el mismo ascendió a 0,27%.
De esta manera, los analistas concluyeron que "los problemas en la administración, eficiencia y calidad de la gestión de la justicia parecieran no responder a un desfinanciamiento por parte del Estado".
Mora Doldan y Rodríguez Use señalaron que "mientras que entre 1993 y 2001 el presupuesto judicial permaneció prácticamente constante, a partir de 2003 exhibió una trayectoria ascendente".
En efecto, subrayaron que "entre 2003 y 2013, el presupuesto judicial se incrementó 215%", y añadieron que "en términos del PIB, mientras que durante la década del '90 representó 0,22% en promedio, con un máximo del 0,24% en 1999; para 2013 el gasto ascendió al 0,33% del Producto Bruto".
Asimismo, indicaron que "en términos del presupuesto total, la función judicial mantuvo su participación durante la última década, siendo la misma de 1,5% de las erogaciones".
"Al observar los datos del presupuesto nacional destinado a la función judicial, concluimos que el mismo ha tenido un comportamiento positivo durante la última década, experimentando incrementos importantes tomando distintos indicadores", aseguraron Mora Doldan y Rodríguez Use.
Destacaron que "tanto en términos reales, utilizando un índice de precios privados, como en relación al PIB y al presupuesto total se observa un incremento del esfuerzo fiscal nacional en relación al Poder Judicial".
Además, señalaron que "en términos cuantitativos, cobre relevancia el estudio de la eficiencia y la transparencia en su ejecución ya que presupuestos abultados per se, no garantizan una buena gestión".
En relación con la administración y la ejecución de los recursos destinados a la administración de la Justicia, según el artículo 114 de la Constitución Nacional, dicha potestad corresponde al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, los economistas indicaron que "por diversas acordadas, la Corte Suprema de Justicia tiene potestades sobre la administración de recursos".
"No sólo arma su propio presupuesto, sino que existen diversas partidas como ser el Fondo de Infraestructura y el Fondo Anticíclico, que son administradas por la Corte Suprema. De esta manera, en la práctica existe una dominancia de la Corte sobre el Consejo en la administración de recursos", puntualizaron los economistas del Geenap.
A su criterio, "esta superposición de atribuciones tiene un impacto negativo en cuanto a la eficiencia y la calidad en la gestión de recursos".
