En un diálogo con Andes, la Representante Permanente de este país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, María Fernanda Espinosa, se refirió a los retos de la nación ecuatoriana para lograr que propuesta pueda concretarse en favor de los Estados y de sus respectivos pueblos.
Precisó la diplomática que el organismo internacional resolvió ya la creación de un grupo de trabajo para los contenidos del instrumento de regulación de las transnacionales.
Expuso que, sin embargo, para alcanzar el objetivo, se precisa de una intensa negociación política, tarea que considera “la más dura”, sobre todo dada la posición de países industrializados como Estados Unidos, Canadá y naciones de la Unión Europea, que votaron en contra de la adopción del proyecto en el foro de la ONU, organizado este año.
“Es una tarea políticamente difícil por los intereses de las grandes transnacionales que están operando detrás. Hay Estados que en lugar de representar a sus pueblos representan a los intereses de las transnacionales”, aseveró.
La diplomática enfatizó que la propuesta ecuatoriana recibió un amplio respaldo de países africanos y varias economías emergentes “poderosas”, como China e India.
Para discutir sobre los alcances de este instrumento de regulación de transnacionales, Ecuador organizó en Ginebra un panel en el que participaron especialistas en derecho internacional.
“Fue un gran foro en el que se delimitó la hoja de ruta y parte de esta es que la primera reunión del grupo de trabajo va a ser en julio de 2015 y hasta ese mes prepararemos los documentos técnicos de apoyo", apuntó.
Explicó que los expertos técnicos que han debatido acerca de la iniciativa ecuatoriana señalan que es factible y necesaria la creación de este instrumento vinculante para regular la operación del trabajo de transnacionales, y que incluya no solo la protección de los derechos humanos, sino también de la naturaleza.
La Representante ante la ONU ejemplificó los abusos de las transnacionales con el caso Chevron-Texaco, en el que un tribunal ecuatoriano sentenció a la petrolera estadounidense al pago de 9.000 mil millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana mientras operó en su territorio, entre 1962 y 1990.
El gobierno de este país suramericano señala que para evadir su responsabilidad, Chevron demandó al Estado ante un tribunal de La Haya, amparado en un tratado bilateral de inversiones.
“A veces los Estados están en total indefensión, por ejemplo frente a este caso de Texaco" (fusionada con Chevron desde 2001), indicó.
"Las grandes transnacionales arrasan con normas, marcos legales, constitucionales, incluso marcos internacionales. Pueden destrozar el estado de bienestar, la sociedad de cohesión e igualdad que intentamos construir. Es un atentado a la soberanía pero también un atentado al derecho a un futuro y un desarrollo”, aseveró la embajadora Espinosa.
"De ahí la importancia de contar con una herramienta que regule y proteja a los Estados de la operación de las grandes transnacionales", destacó.
A Ecuador le corresponde realizar una serie de consultas y de trabajos a nivel técnico para iniciar la construcción de un instrumento de esta naturaleza con especialistas, asesoría internacional y nacional. Un segundo momento será para las reuniones de trabajo intergubernamentales. El país suramericano aboga para que exista una amplia discusión sobre este asunto en sindicatos y la sociedad civil, entre otros foros.
La propuesta para un mecanismo regulador de las transnacionales fue presentada por Ecuador a mediados de este año en el foro de negocios y derechos humanos, que es un espacio de diálogo entre gobiernos, sociedad civil y sector privado para los tremas de buenas prácticas de las transnacionales en relación con los derechos humanos.
Fuente: Andes
