“Los sectores que representan el costado mas aristocrático de un Poder genéticamente conservador como el judicial han convertido a la procuradora en objetivo de arteros ataques”, sostuvo el mandatario en una carta abierta donde fijó su postura tras la precautelar que suspendió los nombramientos ordenados por la procuradora.
Y en ese sentido, el dirigente agregó: “la reforma del proceso penal es inexorable. Tiene que consolidarse porque se trata de afirmar un sistema realmente compatible con la Constitución.
Para Urribarri, “cuánto más profundo y amplia es una reforma, mayores serán las resistencias a los cambios que se proponen”, y remarcó que lo que está en discusión es dejar atrás un sistema que asegura la impunidad de los grupos económicos”.
“No resulta extraño que el Poder Judicial Argentino concentre las mayores criticas y cargue sobre sus espaldas con una abrumadora imagen negativa en cualquier encuesta de opinión publica nacional”, enfatizó.
Urribarri apuntó que la reforma del Código Procesal Penal que el Congreso votó el pasado 4 de diciembre consiste “en asignar funciones constitucionales al Ministerio Público para investigar y promover la acción penal”.
Los Fiscales deben promover la acción penal y los jueces deben escuchar a las partes en procesos públicos y orales, considerando las pruebas aportadas por defensores y acusadores. Los magistrados tendrán que atenerse a lo fundamental: dictar las sentencias. Ese es el espíritu de la reforma que se sancionó”, puntualizó.
