Esta controversia y el recambio de jueces marca además un punto de inflexión en la composición de un tribunal signado por la reforma promovida en 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner, tras el pedido de juicio político que el mandatario realizó el 4 de junio de aquel año por cadena nacional al Congreso, para terminar con la llamada "mayoría automática" de la Corte que funcionó durante los gobiernos de Carlos Menem.
Las muertes de la jueza Carmen María Argibay, el 10 de mayo de 2014, y luego del juez Enrique Petracchi, el 11 de octubre, redujo a cinco la cantidad de miembros de la Corte, pero la renuncia de Eugenio Zaffaroni, que se concretará a partir del 31 de diciembre, será el hecho que definitivamente colocará al máximo órgano del Poder Judicial ante la necesidad de cumplir con la norma aprobada por el Congreso en 2006.
La ley 26.183 es clara al fijar el número de miembros de la Corte Suprema en cinco, pero su aplicación ya es parte de un nuevo debate entre oficialismo y oposición.
Si bien corresponde a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviar al Senado de la Nación un candidato para reemplazar a Zaffaroni, la oposición ya acordó bloquear el nombramiento con la intención de que esa decisión sea postergada para después del 10 de diciembre de 2015, cuando asuma el nuevo gobierno que resulte de los comicios nacionales de octubre y se renueven ambas Cámaras.
En un documento consensuado, 28 senadores de diferentes espacios políticos (UCR, FAP, PRO y PJ disidente) se comprometieron a "rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral", lo que quitaría al oficialismo la posibilidad de alcanzar los dos tercios de los votos en la Cámara alta, necesarios para nombrar un nuevo integrante de la Corte.
Diversas voces se levantaron durante los últimos meses del año para sostener la necesidad de cubrir la vacante y cuestionar la postura de quienes se niegan a cumplir con la ley 26.183. Entre ellas está la agrupación Justicia Legítima, integrada por abogados y magistrados, que advirtió que "la falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte Suprema porque restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones".
Además, esas opiniones dan cuenta de un problema concreto que enfrentaría la Corte con cuatro miembros, ya que en ocasiones no alcanzaría la mayoría, por ejemplo cuando uno de sus integrantes se excuse y los tres restantes no tengan un mismo parecer, o cuando haya un empate, porque el número de miembros quedaría reducido a cuatro.
Por su parte, el presidente del máximo tribunal prefirió mantenerse ajeno al debate al señalar que la Corte está "funcionando lo más bien con cinco miembros" y que no va a "opinar sobre la cantidad de miembros" porque "eso es una decisión de otros poderes del Estado".
En este sentido, el decreto 222 del 2003 del entonces presidente Kirchner fijó nuevas condiciones para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución le confiere al Presidente para el nombramiento de los magistrados de la Corte, con un objetivo claro de garantizar la "independencia y equilibrio" en la composición del máximo tribunal.
La medida buscó garantizar estos objetivos a partir de un proceso de selección de tres meses que incluye la exposición pública de los candidatos a través de medios de comunicación y debates, y la participación en esta etapa de organizaciones no gubernamentales, asociaciones de derecho, universidades, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos en general.
Este proceso concluye con la decisión del Presidente de la Nación que, en base a los apoyos y rechazos recibidos por los postulantes, habilita o no al candidato para su nominación al Senado, que es el que finalmente decide si aprueba o no al candidato del Poder Ejecutivo, con mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes.
El decreto que llevó la firma del ex presidente Kirchner buscó de esta forma contribuir a "un efectivo mejoramiento del servicio de justicia", así como "al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional", al incorporar a la sociedad civil en el proceso de selección de los integrantes de la máxima instancia judicial de la Nación.
Pero el decreto también tuvo en cuenta otros parámetros, como "la composición general" del cuerpo "en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal" y "los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos" de los postulantes.
La Corte Suprema, creada el 15 de enero de 1863 y último tribunal habilitado para impartir Justicia, está presidida hoy por Ricardo Lorenzetti, siendo su vicepresidenta Elena Highton de Nolasco, ambos propuestos por Néstor Kirchner. El resto de los jueces que integrarán el máximo tribunal luego de la salida de Zaffaroni son Carlos Fayt, de 97 años, que llegó a la Corte en 1983 propuesto por Raúl Alfonsín; y Juan Carlos Maqueda, nominado por Eduardo Duhalde.
